APUNTE.COM.DO.- El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, atribuyó parte del cierre de comercios formales en República Dominicana a la competencia desleal que, según denunció, ejercen vendedores chinos que operan en el país sin cumplir con la permisología establecida.

De acuerdo con estadísticas oficiales citadas por García, durante 2025 un total de 5,784 empresas formales cesaron sus operaciones, de las cuales 1,819 correspondieron al sector comercio.

Aunque las estadísticas no detallan las causas de los cierres, el dirigente comercial aseguró que en el país existen más de mil comercios de origen chino y que una parte de estos funciona sin cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades.

“Esto está provocando que los comerciantes tradicionales dominicanos estén cerrando sus puertas porque no se puede competir con personas a las que en la Dirección General de Aduanas (DGA) les aceptan la declaración”, sostuvo García ante los medios.

Indicó que entre 2020 y 2026, a su juicio, ninguna de las instituciones reguladoras ha realizado operativos suficientes para fiscalizar esos establecimientos, lo que les habría permitido desarrollar operaciones comerciales a gran escala.

Como ejemplo del impacto que atribuye a esta situación, citó la Asociación de Comerciantes de la calle Duarte, en el Distrito Nacional, que inicialmente contaba con 91 afiliados y actualmente solo mantiene siete.

García también denunció que los vendedores chinos han incursionado en la comercialización de repuestos para vehículos, actividad que, afirmó, está afectando a comerciantes nacionales que se dedican a ese renglón y que ya han comenzado a cerrar sus negocios.

“Si no lo fiscalizan ni en aduanas, no lo fiscaliza la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); eso está provocando el cierre de muchos negocios aquí en la República Dominicana”, manifestó.

El presidente de la FDC sostuvo, además, que la denominada “burocracia cero” todavía no se refleja en la realidad de los comerciantes dominicanos, debido a que algunos de sus afiliados tardan hasta un año en completar los procesos para establecer un negocio, mientras que, según afirmó, los extranjeros consiguen instalarse en menor tiempo.

Ante este panorama y tras varias reuniones que calificó de infructuosas, García anunció que los comerciantes agrupados en la FDC contemplan realizar un paro comercial de 48 horas para reclamar medidas que permitan enfrentar la situación.

“Queremos que hayan acciones definitivas de parte de todos los organismos del Estado; todas las instituciones le han fallado al comercio de la República Dominicana”, afirmó.

En términos similares se expresó Julio García, presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), quien calificó como un “daño a la economía nacional” el crecimiento que han experimentado estos establecimientos.

“Todos los días vemos tiendas que están cerrando negocios a nivel nacional precisamente porque los chinos van y se ponen al lado de los grandes tradicionales comercios”, expresó.

Aseguró que estos establecimientos suelen instalarse cerca de comercios tradicionales, con espacios de mayor tamaño y precios inferiores, una práctica que, según afirmó, les permite captar clientes y representa una competencia difícil para los comerciantes nacionales.

Frente a las denuncias, el titular de la DGII, Pedro Urrutia, defendió las acciones que desarrolla esa institución y aseguró que se mantienen reuniones con otros organismos del Estado para avanzar en la regularización de los establecimientos extranjeros.

Urrutia informó que hasta el momento han sido fiscalizados 60 establecimientos extranjeros.

“Se le está dando seguimiento al tema. Se están verificando este tipo de cosas, que no solo es la DGII. El propio Ministerio de Vivienda es el que está verificando todo ese tipo de cosas de la permisología. O sea que eso se está trabajando, se está tomando acciones”, explicó.

Asimismo, señaló que las autoridades han sostenido reuniones con representantes de la embajada de China con el propósito de buscar soluciones conjuntas.

Entre las medidas contempladas figura un censo que permitirá determinar la cantidad de establecimientos de este tipo que operan en el país y verificar si cumplen con la permisología y demás requisitos establecidos por las autoridades.