APUNTE.COM.DO.- SANTO DOMINGO. El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, expresó su preocupación por el futuro del Poder Judicial dominicano, al advertir que un eventual descalabro de esa institución traería "consecuencias terribles" para el país. En ese sentido, dijo mantenerse en oración para que esa situación no ocurra.

Durante una entrevista en el programa D'AGENDA, conducido por Héctor Herrera Cabral, señaló que lo peor que le puede suceder a la nación es que no se escoja a un jurista proveniente de la vida civil para liderar la reforma que necesita ese poder del Estado, donde persisten quejas en materia inmobiliaria, penal y en su propia estructura organizativa.

Ray Guevara calificó como una falacia el supuesto de que necesariamente deba elegirse a un juez de carrera para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Como ejemplo citó el caso de Estados Unidos, donde de los 17 presidentes de su Corte Suprema, nueve no provinieron de la judicatura profesional. Recordó el caso de John Marshall, quien fungió como secretario de Estado y luego presidió la Corte durante 34 años.

Explicó que en República Dominicana el presidente de la Suprema Corte también encabeza el Poder Judicial, por lo que, además de conocimiento jurídico y solvencia moral, se requiere capacidad gerencial.

En cuanto al perfil idóneo para presidir la Suprema, sostuvo que se necesita a un abanderado de la reforma, que sea dialogante, honrado, trabajador y con liderazgo, en momentos en que se registró una huelga de jueces casi total. "Tiene que ser un ciudadano honrado, no del establishment judicial, que venga del ejercicio profesional y tenga el altruismo de renunciar a su oficina privada", afirmó.

Puso como ejemplo al jurista Fernando Langa y rechazó que se le excluya del proceso por haber trabajado con abogados cercanos al presidente Luis Abinader. "La responsabilidad penal y administrativa es personal. Cercenar su derecho sería una violación a los derechos fundamentales", precisó.

El presidente emérito del Tribunal Constitucional también advirtió que el desacato de instituciones del Estado a sentencias de ese tribunal viola el Estado de Derecho y convierte al Estado en delincuente. Indicó que el cumplimiento de las decisiones es un asunto de voluntad administrativa y recordó que impulsó diplomados dirigidos a la Policía Nacional para garantizar la observancia de las sentencias.

Al referirse al nuevo Código Penal, lo calificó como la mejor obra del gobierno de Luis Abinader, al considerarlo el instrumento más importante después de la Ley de Seguridad Social para la convivencia y la paz social. Mencionó que un 80% de la población lo respalda, que un 70% conserva la tradición jurídica francesa, y lamentó que después de 30 años de espera no se realizara un gran acto oficial por su promulgación.