APUNTE.COM.DO.- El Gobierno dominicano, mediante el Decreto 615-26, ha colocado bajo especial protección las principales fuentes de agua e infraestructuras del país, con el fin de combatir el denominado "terrorismo medioambiental", especialmente en áreas protegidas.
El presidente Luis Abinader fundamentó esta orden en el artículo 2 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que establece cuáles infraestructuras y ecosistemas del sector agua son considerados estratégicos. Según el artículo 8, estos incluyen presas, embalses, lagos, canales principales de riego, acueductos y plantas de tratamiento de agua.
Además, el decreto identifica como "activos ambientales de especial protección" a cuencas hidrográficas prioritarias, acuíferos, manglares, humedales, arrecifes de coral, bosques protectores y manantiales, así como otros ecosistemas cuya afectación grave pueda poner en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria, ambiental o económica del país.
El párrafo del primer artículo aclara que el término "terrorismo ambiental" se usará con fines administrativos, preventivos y de coordinación interinstitucional cuando la situación lo amerite, pero no implica una calificación penal automática; la conducta debe cumplir los elementos exigidos por la legislación penal.
La identificación y neutralización de las amenazas vinculadas a este tipo de terrorismo estará a cargo del Comité Nacional Antiterrorista y de la Dirección Nacional Antiterrorista (DNA), según el artículo 3 del decreto.
El artículo 4 instruye a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio Público, a diseñar un plan de prevención y combate al terrorismo ambiental.
En República Dominicana, el deterioro de los ecosistemas es evidente: extracción ilegal de arena, incendios provocados, conuquismo y contaminación de los ríos forman parte de una problemática que Diario Libre ha documentado durante años. Investigaciones recientes como "Bosques dominicanos: Conservación bajo asedio" y "Ríos dominicanos: Caudales en agonía" reflejan la situación.
Durante la firma del decreto, Abinader catalogó como "actos terroristas medioambientales" las acciones que causen la desaparición o daño sistemático a los parques nacionales, y advirtió que serán perseguidos tanto dominicanos como extranjeros que cometan actos deliberados como la quema de bosques o la extracción de arena en ríos.
El decreto establece que todas las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán remitirse de inmediato al Ministerio Público, que determinará las infracciones, ejercerá la acción penal y dirigirá las investigaciones.
Asimismo, ordena habilitar plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para que los ciudadanos reporten actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, con garantías de protección para los denunciantes.
El mismo día de la emisión del decreto, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, anunció la intervención de La Neverita en el río Nizao, entre San Cristóbal y Peravia, y la recuperación del río Haina.
Abinader insistió en que el objetivo del decreto es establecer un régimen de consecuencias que disuada y persiga con mayor efectividad las acciones que deterioren los ecosistemas del país.
