APUNTE.COM.DO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó que el próximo 14 de septiembre resolverá si procede declarar la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo en el caso Calamar.

El tribunal, presidido por Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, tomó la decisión luego de una audiencia en la que se escucharon los argumentos de la defensa de los imputados y del Ministerio Público. La lectura del fallo quedó pautada para las 9:00 de la mañana.

Los abogados de varios procesados, entre ellos Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal, argumentando que el proceso ha superado el plazo máximo de cuatro años estipulado en la normativa procesal vigente.

Los primeros en plantear formalmente esta petición fueron los defensores de Ángel Lockward, los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes sostienen que las medidas de inmovilización de fondos impuestas a su cliente desde febrero de 2022 acumulan más de cuatro años y ocho meses de vigencia sin que exista una resolución definitiva en el caso. A su juicio, la ley obliga al tribunal a declarar la extinción del proceso, incluso de oficio, al comprobarse el vencimiento del plazo.

Por su parte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal rechazar en su totalidad las solicitudes de extinción. Estuvo acompañada de Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público. Ortiz argumentó que el cómputo del plazo para declarar la extinción no puede aplicarse como una fórmula matemática ni de forma automática, sino que exige una evaluación ponderada de la razonabilidad del tiempo transcurrido y de las particularidades de cada expediente. Citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, que según explicó han establecido la obligación de motivar detalladamente las causas de las dilaciones antes de disponer el cierre de una causa.

De forma paralela, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó que interpuso un recurso de apelación para que se declare la extinción de la acción penal en su contra. La abogada María del Pilar Zuleta explicó que el recurso fue depositado ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con el objetivo de revocar la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción que previamente rechazó la solicitud de extinción y ordenó el envío del caso a juicio de fondo. Según la jurista, el cómputo de la persecución penal contra Guerrero comenzó formalmente el 22 de noviembre de 2020, cuando la Procuraduría General de la República le impuso una alerta migratoria a solicitud de la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. Desde entonces han transcurrido casi seis años, superando los cuatro años que fija la normativa procesal penal como límite máximo.

"Para el señor Donald Guerrero el plazo está completamente vencido. Por eso le estamos pidiendo a la corte que evalúe nuevamente este pedimento", declaró la abogada.