APUNTE.COM.DO.- La Fundación Restaurando Vida un Muerto que Revive, de la cual se fugó un niño y donde las autoridades hallaron a otros 13 menores en condiciones irregulares, ya había sido intervenida por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) hace aproximadamente un año. En ese entonces se detectó que el lugar albergaba menores sin la debida autorización, pero volvió a operar.
La revelación la hizo este martes la presidenta ejecutiva de Conani, Ligia Pérez Peña, al explicar las acciones adoptadas tras el operativo realizado el domingo 30 de agosto en dicha fundación, ubicada en Haina, provincia San Cristóbal. En una entrevista en el programa de televisión El Día, Pérez Peña confirmó además que la organización nunca ha estado habilitada por Conani para operar como centro de protección de niños, niñas y adolescentes.
"Esta Fundación, vamos a llamarla entre comillas, no tenía ningún tipo de habilitación. Nunca ha tenido habilitación con Conani en el Estado", afirmó.
Según explicó, el año pasado la oficina de Conani en Haina alertó a las autoridades judiciales sobre la existencia del lugar y se realizó una intervención. En aquella ocasión, los niños fueron devueltos a sus familiares y, de acuerdo con la funcionaria, se dio seguimiento a esas familias para evitar que volvieran a enviarlos al centro.
La directora señaló que desconoce, por el momento, cuáles fueron las medidas adoptadas entonces por el Ministerio Público contra los responsables, pero calificó de irregular e ilegal que una organización opere sin autorización y mantenga menores bajo su cuidado.
De los 13 menores localizados durante el operativo y el niño que escapó, diez permanecen bajo protección de Conani, mientras que otros cuatro fueron entregados a sus madres. Pérez Peña explicó que entre los menores había niños de muy corta edad, incluido un bebé de cuatro meses. También fueron identificadas dos parejas de hermanos que permanecían en el lugar junto a sus respectivas madres.
Los diez menores bajo protección son sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas para determinar su estado y establecer las circunstancias en las que llegaron a la fundación. La funcionaria indicó que estas evaluaciones comenzaron el lunes y continúan, debido a que el operativo se extendió hasta aproximadamente las 5:30 de la mañana.
En cuanto al niño que escapó del lugar y cuya denuncia permitió activar la investigación, Pérez Peña confirmó que es oriundo de El Seibo. El menor había relatado a las autoridades que era sometido a presuntos maltratos, entre ellos golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y castigos físicos, además de ser obligado a realizar trabajos relacionados con madera.
Sobre esas denuncias, la presidenta ejecutiva de Conani dijo que todavía no pueden establecer responsabilidades porque el caso se encuentra en fase de evaluación e investigación. "Estamos en el proceso de evaluación, determinando en el caso de este menor de qué pudieron ser esas quemaduras, cómo pudieron producirse y realmente, independientemente de que se maltratara o no, es un caso irregular, ilegal, que no podemos permitir", sostuvo.
Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades durante la intervención fue que en el inmueble convivían adultos y menores de edad, además de personas que no necesariamente pertenecían a una misma familia. Pérez Peña explicó que el lugar funcionaba como una especie de casa de dos niveles, con otras estructuras alrededor, donde residían adultos y niños.
La funcionaria consideró irregular que menores permanezcan en un espacio de esas características y advirtió que las responsabilidades legales serán determinadas por el Ministerio Público. "Y eso tendrá sus consecuencias legales. Ahora mismo, como esto fue reciente, está bajo investigación, pero una vez se determinen las responsabilidades de los adultos, incluso de los adultos que estaban ahí, el Ministerio Público actuará en consecuencia", dijo.
La directora también rechazó las declaraciones del abogado de los responsables de la fundación, quien habría afirmado que Conani tenía conocimiento de lo que ocurría en el inmueble. "Quiero también desmentir las declaraciones del abogado, del señor que tenía este lugar, de que Conani tiene informaciones ahí. Eso es totalmente falso", afirmó.
Explicó que la institución conoció el lugar el año pasado a partir de una alerta y actuó en consecuencia. Sin embargo, al tratarse de un inmueble que aparentaba ser una vivienda donde residían familias, no podía determinarse de manera permanente que allí funcionaba un centro de acogida de menores sin que mediara una denuncia o una señal que activara una nueva intervención.
