APUNTE.COM.DO.- El doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio dejó más de 6.000 fallecidos y cerca de 16.000 heridos, y también puso en evidencia un frente político y estructural en torno a los complejos habitacionales levantados mediante acuerdos entre el chavismo y China, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más golpeado por la catástrofe.
En esa entidad, donde se registró la mayor cantidad de víctimas y derrumbes, varios edificios construidos bajo convenios con el régimen de Beijing quedaron reducidos a escombros. El colapso de esas estructuras reavivó el escrutinio sobre contratos firmados por el gobierno venezolano con empresas chinas para edificar viviendas e infraestructura con financiamiento externo ligado a la relación bilateral. En la mayoría de los casos, las autoridades venezolanas ni siquiera tenían acceso a los planos ni a la supervisión de las obras.
Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y afectaron con fuerza la franja norte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el movimiento principal cerca de Catia La Mar, en La Guaira, a una profundidad superficial de 10 kilómetros.
Desde las primeras horas se advirtió que La Guaira era una de las zonas más afectadas y que el balance inicial no reflejaba la magnitud completa de los daños. Con el paso de los días, la destrucción de viviendas se convirtió en una de las imágenes más extendidas, con miles de familias afectadas.
La tragedia no solo generó una crisis humanitaria, sino que también disparó interrogantes sobre la calidad de las construcciones realizadas durante años bajo programas estatales de vivienda. Reuters reportó que un desarrollo habitacional de 1.100 unidades en La Guaira quedó arrasado por los sismos y recogió el pedido de ingenieros para que el gobierno audite de inmediato otros complejos que siguen en pie.
Según el mismo medio, varios desarrollos fueron erigidos rápidamente por una mezcla de agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Bielorrusia, bajo supervisión militar y con escasa divulgación pública de los detalles contractuales. El punto más delicado es que ya existían denuncias por opacidad, controles débiles y cláusulas de confidencialidad en torno a esas obras. El terremoto volvió a poner esos cuestionamientos en el centro del debate, especialmente los relacionados con las empresas chinas, que responden al régimen de Xi Jinping. Algunos contratos fueron tramitados incluso a través de los BRICS, por solicitud del chavismo.
El vínculo entre China y Venezuela en infraestructura y vivienda se consolidó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, mediante un sistema de deuda y cooperación respaldado por exportaciones de crudo. El principal instrumento fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, conocido como Fondo Chino, creado para financiar proyectos de infraestructura, industria, transporte y vivienda, según documentación de Transparencia Venezuela.
Ese informe identifica a Citic Construction Co. Ltd. entre las firmas que participaron en proyectos de vivienda y también registra la presencia de China CAMC Engineering Co., Ltd. en negocios con el Estado venezolano. Otra base documental, elaborada por Vendata, enumera convenios de construcción de viviendas entre organismos públicos venezolanos, Citic Construction y entidades financieras chinas, además de acuerdos en el marco del Fondo Conjunto.
La arquitectura financiera de esos convenios fue una de las marcas de la alianza entre el chavismo y Pekín. A cambio de petróleo a precios muy bajos, Caracas accedía a créditos para obras públicas que a menudo quedaban en manos de empresas del país acreedor. Las obras quedaban bajo control absoluto de las empresas promovidas por el régimen chino, y ninguna autoridad civil venezolana tenía acceso para supervisarlas. Tampoco las aprobaciones finales pasaron por registros públicos.
La opacidad en esos acuerdos no surgió después del terremoto. Una investigación de Armando.info señaló que el esquema de cooperación con China derivó en contratos favorables para compañías como Citic Construction y CAMC Engineering, y citó un acuerdo de 2005 para construir 20.000 viviendas que incluía cláusulas de confidencialidad sobre información financiera, comercial y documental del contratista.
El mismo trabajo describió al Fondo Chino como un mecanismo que terminó soportando al menos 50.000 millones de dólares en financiamiento ligado al petróleo venezolano, la compra de bienes chinos y la contratación de sus empresas para infraestructura, vivienda y sistema eléctrico.
Otro informe sobre Citic recuerda que el Ministerio de Vivienda y Hábitat firmó contratos con esa compañía para edificar viviendas en Venezuela y menciona denuncias sobre sobreprecios y corrupción en torno a esas obras.
Las fuentes consultadas por Infobae muestran un patrón amplio: proyectos de vivienda financiados por mecanismos opacos, contratos con empresas chinas, antecedentes de confidencialidad y denuncias sobre debilidad en los controles públicos.
En distintos países de América Latina, la construcción de viviendas con financiamiento externo también ha sido objeto de controversia, pero en el caso venezolano la falta de transparencia y los estándares de calidad han quedado en evidencia tras el desastre.
