APUNTE.COM.DO.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tiene previsto intensificar a partir del martes sus esfuerzos para investigar un supuesto fraude electoral en varios estados, de acuerdo con directrices federales internas a las que tuvo acceso CNN.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha acelerado las iniciativas para convertir al departamento en un actor central en la búsqueda del presidente Donald Trump de un supuesto fraude electoral generalizado. El DHS ha presionado a los estados para que compartan sus padrones electorales con fines de auditoría y ha amenazado con retener fondos de subvenciones a quienes se nieguen a adoptar reformas electorales más amplias.
Para las labores de investigación, el departamento se ha apoyado en Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que normalmente se ocupa de delitos graves como la trata de personas, el tráfico de drogas y la explotación infantil. La agencia ya ha asignado un número sin precedentes de agentes a estos casos, incluyendo el rastreo de los historiales electorales de personas que se cree que no son ciudadanas y que podrían haber votado o inscrito ilegalmente.
Los expertos afirman que no hay pruebas de que se haya producido un fraude electoral generalizado en elecciones recientes.
A partir del martes, HSI pondrá en marcha una “iniciativa coordinada de intensificación contra el fraude electoral delictivo para seguir pistas de investigación, realizar entrevistas sobre el terreno y facilitar una revisión oportuna por parte de la fiscalía”, señalan las directrices.
Se espera que las oficinas de nueve estados emprendan acciones de investigación desde principios de septiembre hasta mediados de octubre. Esos estados son Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California, Pensilvania, Nevada, Nueva York y Connecticut.
La referencia de las directrices a medidas de investigación resulta significativa, dado que la iniciativa coincide con el comienzo de las elecciones de medio término. Históricamente, se ha desaconsejado emprender una investigación “pública” de este tipo cerca de períodos electorales en virtud de una política de larga data del Departamento de Justicia que limita las medidas que podrían influir en los comicios.
“Actuar de otro modo conlleva el riesgo de desalentar actividades legítimas de votación y campaña, y de introducir la propia investigación en campañas en curso y en la resolución de cualquier posterior impugnación electoral”, señala el manual del Departamento de Justicia. “Sin embargo, a menudo puede ser apropiado, en consulta con la Sección de Integridad Pública, compartir información y acusaciones relacionadas con estos asuntos con autoridades estatales o locales cuando exista una necesidad inmediata de adoptar medidas manifiestas”.
El Departamento de Justicia revocó formalmente la política durante la primera administración Trump, aunque en gran medida siguió acatándola, y fue restablecida durante la presidencia de Joe Biden.
Sin embargo, el DHS, al ser un departamento independiente, no está obligado a seguir la política, y las nuevas directrices no hacen referencia alguna a esas preocupaciones relacionadas con los plazos.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.
