APUNTE.COM.DO.- El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González, dará inicio este viernes al juicio de fondo contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, señalados como responsables del colapso del techo del establecimiento, que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas. El proceso comenzará a las 9:00 de la mañana.
Los hermanos Espaillat están acusados del delito de homicidio involuntario. Junto a ellos, también fueron citados como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; y Radio Cadena Comercial, S.R.L., así como Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
El expediente, presentado por el Ministerio Público, consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, así como un conjunto de pruebas documentales y materiales. Con esta audiencia, el caso entra en su etapa decisiva para determinar la responsabilidad penal de los acusados en la tragedia.
Durante la audiencia, los propietarios de la discoteca estarán representados por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. Por el Ministerio Público comparecerán Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; Héctor Joel García Acevedo, procurador general de la Corte de Apelación; y los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.
Las víctimas estarán representadas por Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes, Plutarco Jaquez, entre otros.
El colapso ocurrió durante una actividad amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el desplome. El caso ha tenido un gran impacto social por el número de víctimas, la notoriedad del lugar y las preguntas sobre la seguridad de las edificaciones públicas.
La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartó del caso por mantener una relación de amistad cercana con una de las víctimas, lo que llevó a que el expediente llegara al juez González.
En mayo, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió el caso a juicio de fondo tras calificar los hechos como homicidio culposo o imprudente, descartando el pedido de un grupo de víctimas que reclamaba que se juzgara como homicidio voluntario. También excluyó del proceso al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a otras entidades estatales señaladas.
La medida de coerción impuesta a Antonio y Maribel Espaillat consiste en garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, confirmada por la Corte de Apelación.
