APUNTE.COM.DO.- El Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana celebró una audiencia pública en la que conoció 23 acciones directas de inconstitucionalidad, entre las que destacan varios recursos presentados contra disposiciones del nuevo Código Penal.
Durante la jornada, los jueces examinaron impugnaciones relacionadas con el régimen electoral, el Código Procesal Penal, la gestión de residuos sólidos, el medioambiente, la salud, el lavado de activos, el derecho laboral y la legislación tributaria, entre otros temas.
Entre los expedientes vinculados al ámbito penal figura el TC-01-2026-0026, interpuesto por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Celesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo contra el artículo 173 del nuevo Código Penal, que trata sobre la discriminación. En ese proceso participaron como intervinientes voluntarios organizaciones de distintos sectores y personas interesadas en los aspectos constitucionales planteados.
También se conoció el expediente TC-01-2026-0023, introducido por Guillermo Andrés Castillo Cueto contra el artículo 29 del Código Procesal Penal, así como los expedientes TC-01-2026-0040, presentado por Fernando Almonte Almonte; TC-01-2026-0042, interpuesto por el Colegio Médico Dominicano (CMD); y TC-01-2026-0044, presentado por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, estos últimos dirigidos contra disposiciones del Código Penal.
El régimen electoral fue el tema con mayor número de expedientes dentro de la audiencia, con seis acciones directas de inconstitucionalidad. Entre estas figuran el TC-01-2026-0024, presentado por Pedro Julio Abreu Columna; el TC-01-2026-0029, interpuesto por José Cristopher Ramírez; y el TC-01-2026-0038, presentado por José Antonio Cabral Salcedo e Isaías Ramos Guzmán, contra normas emanadas del Senado y la Cámara de Diputados.
Además, los magistrados conocieron dos expedientes que cuestionan artículos de la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Se trata de los expedientes TC-01-2026-0001, presentado por Ventanet, S.R.L., y TC-01-2026-0002, promovido por varias asociaciones empresariales, entre ellas la Codopyme, la Anei y la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales.
La acción directa de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico dominicano para garantizar la supremacía de la Constitución.
