APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo, RD. – La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos en Estados Unidos ha reavivado el temor entre miles de inmigrantes que ahora enfrentan la posibilidad de perder sus empleos, quedar sin protección migratoria y ser deportados a un país sumido en una profunda crisis de seguridad y humanitaria.
La medida afecta a unos 350,000 haitianos que habían obtenido protección temporal para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El TPS para Haití quedó oficialmente terminado el 27 de julio de 2026, después de que la Corte Suprema estadounidense permitiera a la administración de Donald Trump poner fin a la designación.
En comunidades haitianas como Little Haiti, en Miami, la decisión ha provocado preocupación e incertidumbre. Muchas familias llevan años establecidas en Estados Unidos, tienen hijos nacidos allí, empleos, viviendas y vínculos comunitarios que podrían verse afectados si sus integrantes son detenidos o deportados.
El temor no es solamente perder el permiso de trabajo. Para quienes no cuentan con otra vía migratoria, la cancelación del TPS puede dejarlos expuestos a procesos de detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La situación ya dejó de ser una posibilidad distante. El pasado 21 de agosto, Estados Unidos realizó el primer vuelo de deportación a gran escala hacia Haití después del fin del TPS, trasladando a más de 160 personas a Cabo Haitiano, debido también a las preocupaciones de seguridad que afectan al aeropuerto de Puerto Príncipe.
El retorno ocurre mientras Haití continúa enfrentando una grave crisis de seguridad. Las pandillas mantienen el control de amplias zonas del país, especialmente en Puerto Príncipe, mientras persisten los desplazamientos internos, la pobreza y la falta de servicios básicos.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran especialmente preocupante que personas que han vivido durante años en Estados Unidos puedan ser devueltas a un territorio donde carecen de redes familiares, vivienda o condiciones mínimas de seguridad.
El Gobierno de Trump sostiene, sin embargo, que el TPS fue concebido como una protección temporal y que las condiciones que justificaron su permanencia para los haitianos ya no cumplen los requisitos establecidos por la ley. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la decisión fue tomada después de revisar la situación del país y consultar con otras agencias federales.
La eliminación del TPS también tiene consecuencias económicas. Decenas de miles de haitianos protegidos por el programa trabajan en sectores como salud, servicios de alimentación, almacenes, comercio minorista y cuidado de personas mayores. Una salida masiva de estos trabajadores podría afectar a empresas y comunidades donde la población haitiana tiene una presencia significativa.
No todos los haitianos que pierden el TPS serán deportados automáticamente. Algunos pueden tener solicitudes de asilo pendientes, procesos migratorios abiertos u otras formas de protección que les permitan permanecer legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, quienes no tengan otra base migratoria quedan en una situación mucho más vulnerable.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias y abogados de inmigración recomiendan a los afectados revisar individualmente sus opciones legales antes de abandonar el país o presentarse ante las autoridades migratorias.
La controversia continúa generando fuertes críticas de organizaciones humanitarias y legisladores, quienes advierten que regresar a miles de haitianos a un país marcado por la violencia y la inestabilidad podría poner sus vidas en riesgo.
La violencia de las pandillas atraviesa todos los aspectos de la vida en Haití. Según un reciente informe de la ONU, entre marzo y julio de este año fueron asesinadas 613 personas en enfrentamientos entre bandas criminales en la capital, Puerto Príncipe, y las fuerzas de seguridad.
