APUNTE.COM.DO.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de manera provisional que continúe la construcción del Salón de Baile en la Casa Blanca, un proyecto valorado en 400 millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump. La decisión, tomada por el juez John Roberts, frena temporalmente una orden de instancias inferiores que iba a detener buena parte de la obra este viernes.
La medida consiste en una suspensión administrativa que da más tiempo a los jueces para analizar el pedido de emergencia presentado por la administración Trump, en medio de la demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica.
El documento, de una sola página, no expone fundamentos ni establece un calendario para una resolución más amplia del máximo tribunal. Roberts actuó de manera individual para mantener en pausa el fallo adverso hasta nueva orden, según informó The New York Times.
La disputa se centra en el proyecto para levantar un salón de baile de 8.360 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) en el lugar donde se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, que fue demolida por orden de Trump, según Reuters.
El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización sin fines de lucro creada por el Congreso, sostiene que Trump no tiene autoridad legal para realizar una transformación de esa magnitud sin aprobación legislativa expresa. En sus escritos, la entidad destaca que todos los tribunales que han revisado el caso coinciden en que la obra debe detenerse.
Antes de la suspensión administrativa, un panel de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia había ratificado una orden del juez federal Richard Leon para frenar la construcción en superficie, permitiendo solo trabajos subterráneos y de seguridad. En ese fallo, dos jueces señalaron que la decisión correspondía al Congreso y que no era un asunto de autotutela del Ejecutivo.
El tribunal de apelaciones también afirmó que cada presidente es un inquilino temporal de la Casa Blanca, no el dueño. Ante el fallo, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que se trata de una orden judicial extraordinaria e ilegal que detendría la construcción de un complejo militar integrado con un salón de baile seguro.
La administración presentó declaraciones juradas de altos funcionarios de seguridad, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de inteligencia nacional, Jay Clayton, quienes advirtieron que detener las obras podría exponer al presidente y a su familia a riesgos de ataque.
La defensa del gobierno sostiene que el proyecto es vital para la seguridad nacional. Aunque inicialmente Trump anunció que el salón serviría para recibir dignatarios y que se financiaría con donaciones privadas, luego comenzó a describirlo como un centro militar. En una publicación en Truth Social, el mandatario pidió la intervención de la Corte Suprema, asegurando que el proyecto es vital para la seguridad nacional.
El proyecto incluye un desarrollo subterráneo con refugios antibombas, instalaciones médicas y sistemas de protección contra drones y misiles. Según el procurador general, D. John Sauer, la obra está completada en un 65% y se han gastado o comprometido unos 200 millones de dólares en donaciones privadas. Las cuadrillas trabajan 20 horas al día, siete días a la semana.
