APUNTE.COM.DO.- La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en Bolivia, dictó sentencia declarando la nulidad de pleno derecho de la apertura de juicio del 25 de marzo de 2009 y todos los actuados emergentes en el juicio de responsabilidades contra el exministro de Defensa Nacional, José Carlos Sánchez Berzaín, y la exministra de Participación Popular, ambos integrantes del gabinete del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El recurso constitucional, denominado acción de libertad (equivalente al hábeas corpus en Bolivia), fue interpuesto por la abogada Patricia Cleobeireida Guevara en representación sin mandato de los exministros, contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional, solicitando se anule la persecución política derivada de los hechos de octubre de 2003.
Según la resolución complementaria, el juicio de responsabilidades ha dejado de existir jurídicamente, ya que se considera que no nació a la vida legal y carece de eficacia. Como consecuencia, se ordena el cese de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los accionantes, incluyendo las órdenes de aprehensión emitidas contra su libertad.
El juicio anulado se había tramitado contra el expresidente Sánchez de Lozada, su gabinete y el alto mando militar de entonces. Varios de ellos fueron condenados a penas privativas de libertad y cumplieron condenas. Sánchez Berzaín salió al exilio la noche del 17 de octubre de 2003 junto al presidente, en un vuelo regular de una aerolínea boliviana, y recibió asilo político en Estados Unidos. Otros exministros obtuvieron refugio político en Perú, España y otros países.
Sánchez Berzaín ha sostenido en diversos foros, conferencias, ensayos y libros que el juicio fue una persecución política judicializada, vinculada a la traición de Carlos Mesa para tomar el poder, y acusa a Evo Morales de haber encabezado el derrocamiento y cometido crímenes para cesar el mandato constitucional. Morales llegó a la presidencia en 2006 y luego cambió la Constitución, instaurando el Estado Plurinacional en 2008.
Tras la renuncia forzada de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, su vicepresidente y sucesor Carlos Mesa dictó el Decreto Supremo 27234 el 31 de octubre, que otorgó amnistía para los delitos comprendidos en la Ley 2404, relacionada con el sistema de seguridad ciudadana, perdonando así a los autores de las acciones violentas que llevaron al derrocamiento. Sánchez Berzaín ha argumentado que ese decreto convirtió a los agresores en acusadores y perseguidores del gobierno depuesto.
El exministro, abogado constitucionalista y catedrático, ha señalado reiteradamente que la amnistía es el perdón de los delincuentes y que el decreto de Mesa constituye una confesión de los delitos de Evo Morales, Carlos Mesa y otros autores que luego formaron parte de los gobiernos de Mesa, Morales y Arce, para encubrir sus crímenes y perseguir judicialmente a las exautoridades.
La sentencia constitucional tiene aplicación inmediata, aunque debe seguir el trámite de consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, un órgano que Sánchez Berzaín considera parte del sistema de poder controlado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, cualquier fallo que viole derechos humanos podría ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que Bolivia es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
