APUNTE.COM.DO.- La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, ha provocado un fuerte debate no solo en la oposición, sino también dentro del oficialismo. El paquete, que incluye más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional, contempla medidas como el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y la intervención de 50 barrios críticos.
Entre las propuestas más controversiales se encuentra la creación de un nuevo Estado de Excepción que permitiría a los militares participar en el orden público, la autorización para intervenir telecomunicaciones en las zonas intervenidas y la restricción de derechos sociales básicos para personas condenadas por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.
Estas medidas han encendido las alarmas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), partidos que forman parte de la coalición de gobierno.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó este domingo que, aunque respaldan el fondo de la propuesta, el texto que se ha dado a conocer no puede ser apoyado en su forma actual. "Lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final la debilitan", declaró a La Tercera.
Ramírez explicó que "el problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional" y advirtió: "Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?"
En la misma línea, el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretton, señaló que "lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria. Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la Constitución vigente y con la institucionalidad", y confió en que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recogerá estas inquietudes.
Sin embargo, desde el mismo partido, el senador Iván Moreira pidió no generar polémica sin conocer el detalle de la reforma. "Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar y modificar", sostuvo.
La diputada Constanza Hube también respaldó la agenda de seguridad, pero reconoció que "entiendo que genera ruido y especulación un proyecto que probablemente termine diciendo algo distinto al borrador inicial" y enfatizó que "lo importante es la reforma constitucional en sí. No se trata de estar en contra per se".
Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón subrayó la importancia de respetar la institucionalidad. "Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que respetar las instituciones", argumentó a BioBíoChile.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tiene ahora la tarea de alinear a los parlamentarios oficialistas, ya que una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos: 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.
