APUNTE.COM.DO.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron este lunes declarar la extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa por el presunto desfalco de más de RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissell y Clara Castillo, ordenó al Ministerio Público dar inicio a la lectura de la acusación contra el exprocurador y los demás implicados en el caso. La decisión se adoptó tras exponer el recuento del proceso seguido contra el exfuncionario en todas sus fases.
La defensa del exprocurador, encabezada por el abogado Carlos Balcácer, había solicitado la extinción del proceso alegando que este supera los cinco años en los tribunales, excediendo el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal. Por su parte, el Ministerio Público pidió rechazar el pedimento, argumentando que los retrasos han sido provocados por las acciones dilatorias de los propios abogados del imputado.
El pasado miércoles, el tribunal había pospuesto para este lunes el fallo sobre esta solicitud. El origen de la controversia se remonta al 16 de febrero, cuando la defensa presentó varios incidentes que fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio, tras lo cual formalizó la petición de extinción.
El Ministerio Público inició la fase de investigación del caso Medusa en 2021, y desde entonces la defensa ha presentado múltiples acciones para detener o dilatar el proceso. El 13 de julio de 2021, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó las primeras medidas de coerción contra los implicados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) imputa a Jean Alain Rodríguez múltiples delitos cometidos entre 2016 y 2020, entre ellos fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, sobornos, lavado de activos y un desfalco al Estado superior a los RD$6,000 millones.
