APUNTE.COM.DO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma por una medida judicial en Brasil que, según advirtió, compromete el secreto de las fuentes periodísticas y puede sentar un grave precedente para la libertad de prensa en el país.

La organización hemisférica manifestó su preocupación por la orden de búsqueda y decomiso ejecutada contra el periodista Luís Pablo Conceição Almeida, en el estado de Maranhão, dentro de una investigación relacionada con la difusión de informaciones consideradas falsas.

La medida fue ordenada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, luego de que el periodista publicara informaciones en su blog sobre el supuesto uso de un vehículo oficial del Tribunal de Justicia de Maranhão por familiares del magistrado Flávio Dino. Durante el operativo fueron incautados equipos electrónicos utilizados por el comunicador.

La SIP consideró especialmente preocupante que la incautación de teléfonos y computadoras pueda permitir la identificación de las fuentes confidenciales del periodista, una garantía que considera fundamental para el ejercicio independiente del periodismo.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que cuando medidas judiciales pueden afectar la protección de las fuentes se debilita la capacidad de los periodistas para investigar asuntos de interés público y se genera un efecto intimidatorio que puede perjudicar el flujo de información hacia la sociedad.

La organización recordó que el secreto profesional de los periodistas está protegido por la Constitución brasileña y por estándares internacionales de libertad de expresión, por lo que exhortó a las autoridades a preservar las garantías necesarias para que los comunicadores puedan ejercer su labor sin presiones indebidas.

La SIP ha reiterado que la protección de periodistas y de sus fuentes constituye un elemento esencial de las sociedades democráticas. Su misión institucional incluye precisamente la defensa de las libertades de prensa y expresión y la denuncia de actos de represión o amenazas contra periodistas y medios de comunicación.

El caso ocurre en un contexto regional que preocupa a la SIP, que ha advertido sobre el aumento de restricciones, hostigamiento judicial, presiones y otras formas de intimidación contra la prensa en distintos países de América.