APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -La transformación digital impulsada por el Poder Judicial dominicano ha
logrado reducir la discrecionalidad administrativa, aumentar la transparencia
y eficientizar los procesos internos atacando directamente la corrupción y la
ineficiencia. 
 
Así lo expresó el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina,
durante su participación en el Legal Trends 2026, de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE): Avances y Desafíos de las Reformas para la Institucionalidad y el
Desarrollo, en la cual disertó sobre "Desafíos de la transformación digital y del
desarrollo institucional del Poder Judicial". 
 
En ese escenario, afirmó que la transformación digital constituye un aliado vital para el
emprendimiento y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), y aseguró que
una justicia digital es auditable, libera al juez de la burocracia administrativa “para que
pueda concentrarse en lo que realmente importa: fallar con calidad y a tiempo”. 
 
Asimismo, explicó que el proceso de modernización del servicio judicial puesto
a disposición de plataformas como justicia.gob.do y la implementación de la firma
digital, “ha cambiado el juego”, esto así, porque el expediente digital no se pierde ni
traspapela, sino que tiene trazabilidad.  
 
“Las grandes corporaciones pueden costear largas esperas, pero para una pequeña
empresa o un emprendedor, la burocracia lenta es una sentencia de muerte. Al
digitalizar, democratizamos el acceso a la justicia”, afirmó Henry Molina. 
 
El magistrado Molina destacó que durante su gestión han logrado la eficiencia en
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y puntualizó que, gracias a las leyes de
Casación y Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, se logró reducir drásticamente
los tiempos, como sucede en la Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, que falla
sus casos en seis meses promedio. 
 
“Una justicia administrativa ágil, garantiza que el Estado cumpla la ley, protegiendo al
contribuyente y al emprendedor de arbitrariedades; las inversiones en energías
renovables y los proyectos de infraestructura verde requieren seguridad jurídica a largo
plazo, no incertidumbre. Esto es pura seguridad jurídica: el Estado sometido a la
legalidad con tiempos de respuesta eficientes”, afirmó Molina. 
 
Al destacar los avances, también reconoció que quedan desafíos por superar, entre estos:
la ejecución de la justicia penal y la mejora continua en la duración de los casos, se
necesita promover más el uso de métodos alternos, como el arbitraje y la mediación
como primera opción para descongestionar el sistema. Otro de los retos es fomentar la
Ética Corporativa.  

Dirección de Comunicación

Estratégica

 
Durante la actividad, también tuvieron participación Napoleón Estévez Lanvandier, juez
presidente del Tribunal Constitucional; Joel Santos, ministro de Energía y
Minas; Miguel Collado di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de
Estrategias Económicas (CREES);  César Dargam, vicepresidente ejecutivo del
CONEP; Laura Peña Izquierdo, presidenta de confederación patronal de la República
Dominicana (COPARDOM); y Leidy Blanco, coordinadora general de Participación
Ciudadana.