APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que tiene todo listo para iniciar, a partir del miércoles 28 de enero, el proceso de implementación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual sustituye la Ley 340-06 vigente desde 2006. Este proceso se desarrollará bajo un esquema gradual, ordenado y técnicamente planificado, con el objetivo de facilitar la adaptación progresiva de las instituciones públicas y de todos los actores que forman parte del sistema de compras del Estado.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que esta primera etapa contempla adecuaciones normativas, capacitación institucional y ajustes operativos, conforme a un cronograma diseñado para garantizar una transición responsable, sin afectar la continuidad administrativa ni la seguridad jurídica. La nueva legislación introduce cambios significativos orientados a fortalecer la transparencia, la integridad, la eficiencia y la modernización de los procesos de contratación pública.
La Ley 47-25 fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 28 de julio de 2024 y entra en vigencia 180 días después de su promulgación y publicación. Sin embargo, el reglamento de aplicación, que debía emitirse en un plazo máximo de 120 días, presenta retrasos, aunque las autoridades indicaron que su promulgación se realizará en los próximos días.
Además, la normativa establece que la DGCP deberá emitir cinco reglamentos complementarios relacionados con el Registro de Proveedores del Estado, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, la gestión de convenios marco, el procedimiento administrativo sancionador y las tasas por servicios. Asimismo, la institución tendrá que elaborar manuales de procedimientos, actualizar la plataforma electrónica de compras y ejecutar programas de formación dirigidos a los funcionarios públicos y proveedores.
Uno de los cambios más relevantes de la nueva ley es la ampliación de su alcance institucional, ya que incorpora de manera expresa al Poder Judicial y al Poder Legislativo cuando actúan en funciones administrativas, así como a órganos constitucionales, entidades autónomas, fideicomisos públicos, empresas estatales con participación mayoritaria del Estado y corporaciones de derecho público que administran fondos públicos.
La Ley 47-25 también endurece el régimen sancionador, estableciendo multas que oscilan entre 500 y 5,000 salarios mínimos del sector público, además de sanciones como la clausura definitiva de establecimientos, en los casos en que se comprueben irregularidades graves en los procesos de contratación. Esta reforma responde a una demanda de diversos sectores que reclamaban mayor control, fiscalización y consecuencias penales ante prácticas irregulares en las licitaciones públicas.
