Los trágicos acontecimientos que estremecen a Gaza carecen de paralelos en el mundo contemporáneo por su nivel de deshumanización, crueldad sistemática y planificación meticulosa del crimen.

 

APUNTE.COM.DO, ANTO DOMINGO. -un doble bombardeo aéreo contra el hospital Nasser en el sur de la Franja sacudió conciencias que hasta entonces habían permanecido mudas. Al menos 20 personas murieron, entre ellas cinco periodistas de Al Jazeera, Reuters y AP, incluidos Moaz Abu Taha y Ahmed Abu Aziz.

El ataque, ejecutado en dos tiempos, fue un mensaje calculado. En efecto, primero un misil y, minutos después, otro proyectil cuando rescatistas y reporteros corrían hacia la escalera del hospital. La intención de matar a los testigos fue tan evidente como la voluntad de borrar toda huella de humanidad.

Las grandes agencias y asociaciones de prensa exigen respuestas, pero el régimen israelí se escuda en eufemismos como “incidente trágico” y anuncia investigaciones que rara vez prosperan. Estas promesas suelen diluirse en el tiempo, sustituidas por nuevos ataques aún más brutales que superan en indiscriminación a los anteriores. Es un ciclo perverso donde la impunidad alimenta la repetición, y la repetición normaliza la atrocidad.

No se trató de un hecho aislado. Apenas dos semanas antes, Israel había asesinado a seis periodistas, cuatro de ellos de Al Jazeera, en un ataque selectivo contra una carpa de reporteros situada cerca del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza. Entre las víctimas se encontraba el corresponsal Anas al-Sharif. La imagen de un blanco periodístico junto a un hospital simbolizó de manera descarnada la voluntad de silenciar a quienes narran el sufrimiento palestino. La oleada de condenas internacionales fue inmediata, pero insuficiente.

De hecho las reacciones diplomáticas no logran frenar una maquinaria de muerte que no distingue entre niños, mujeres o supuestos militantes de Hamas.

Las cifras avalan esta lógica de exterminio contra la prensa.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado al menos 197 comunicadores asesinados desde octubre de 2023, declarando este conflicto como el más mortífero jamás registrado para el periodismo.

Otros registros, como los de la Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Palestino, elevan el número por encima de 219. Las discrepancias metodológicas poco importan. Lo importante es la diáfana claridad del patrón. En Gaza, “matar al mensajero” es una práctica de Estado, dirigida a eliminar cualquier mirada que contradiga la narrativa oficial israelí.

La guerra contra la verdad se complementa con un cerco informativo sin precedentes. Desde hace más de veinte meses, Israel prohíbe el acceso independiente de corresponsales extranjeros a Gaza. Las visitas autorizadas son bajo escolta militar y con entrevistas condicionadas, lo que impide captar la voz auténtica de una población asfixiada. BBC, Reuters, AFP y Associated Press claman por acceso libre, mientras CPJ, RSF y gobiernos aliados insisten en el mismo reclamo. La respuesta es el silencio oficial y la continuidad de la más brutal represión, en un espejo perverso de los regímenes más oscuros del siglo XX.

Ese silenciamiento coincide con una catástrofe humanitaria que ya calificada técnicamente como hambruna. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por agencias de la ONU como OMS, OCHA y WFP, confirmó el 22 de agosto de 2025 que cientos de miles de gazatíes se encuentran en Fase 5 (famine), el nivel más grave de la escala, caracterizado por muertes masivas por inanición. El informe advierte que la crisis se extiende hacia Deir al-Balah y Khan Younis, en lo que constituye un escenario de hambre planificado y sostenido como arma de guerra.

El balance humano es devastador. Según OCHA, desde octubre de 2023 más de 62,000 palestinos perdieron la vida y 156,000 resultaron heridos. Entre las víctimas figuran familias enteras, mujeres embarazadas y miles de niños. Atacar periodistas, destruir hospitales, impedir ayuda humanitaria y disparar contra civiles forman parte de una misma maquinaria destructiva cuyo alcance y sistematicidad evocan las páginas más oscuras de la historia.

En el terreno jurídico, los hechos tampoco dejan lugar a dudas. La Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales en mayo de 2024, ordenando a Israel abstenerse de actos “que pudieran constituir genocidio” y facilitar la entrada de asistencia. Lejos de acatarlas, el régimen intensificó sus crímenes. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza. La negativa de Israel a reconocer la jurisdicción de esa instancia supranacional y el abierto respaldo de Washington, que respondió sancionando a jueces y fiscales del TPI, evidencian un intento de blindar la impunidad y de despreciar la legalidad internacional.

Llamar a las cosas por su nombre no es una licencia retórica. Atacar dos veces un hospital para alcanzar a rescatistas y cronistas, bloquear el acceso a la prensa internacional, matar de hambre a una población sitiada y disparar contra civiles desarmados no son “incidentes”, sino crímenes de guerra y actos que ya han sido catalogados como plausibles de genocidio por la justicia internacional. La bestialidad no es metáfora ni exageración. Convengan con nosotros en que realmente es la normalización de lo inadmisible en pleno siglo XXI.