El Ministerio Público ha puesto en marcha acciones judiciales concretas, claras y precisas en las que están involucrados algunos altos ex funcionarios de la pasada administración gubernamental por supuestos acto de corrupción que cometieron en el ejercicio de sus funciones. O sea, porque alegadamente robaron cuantiosos recursos del erario.

Sin embargo, para los adeptos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estas acciones judiciales llevada a efecto por la PEPCA (Procuraduría Especiales en la Persecución de Actos de Corrupción) responden a una persecución política por parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente Luis Abinader.

Pero los seguidores del PLD están total y claramente equivocados, pues una cosa es la persecución política y otra cosa muy diferente es la persecución judicial. Veamos….

Podemos establecer, de entrada, que el significado de persecución se reduce a la literalidad del concepto, cuando una persona sigue a otra con una determinada intención, como puede ser la detención de un criminal por la policía.

Podemos advertir, sin mucho rodeo, que el concepto de persecución es muy amplio, por eso puede presentar dificultades en su acotación, por lo que a grandes rasgos, podemos decir que tiene varias acepciones.

Así tenemos que la persecución política se da cuando las personas son acosadas y perseguidas por su pensamiento y por sus creencias políticas e ideológicas.

En la persecución política los perseguidores creen que el perseguido tiene ciertas condiciones que no son deseables y por tanto, son atentatorias a los intereses del grupo perseguidor. En esta clase de persecución el individuo es perseguido por lo que piensa, por lo que cree y por lo que hace en contra del grupo perseguidor. Estas persecuciones pueden incluso derivar en crímenes horrendo, tal y como hemos visto en toda la historia de la humanidad.

La persecución política se caracteriza por la represión planificada y ejecutada desde las mismas entrañas del Estado de forma explícita o parapolicial.

La persecución política es un tema muy amplio, pues la misma ha estado muy presente en la historia de la humanidad, pero por motivo de espacio no abundaré más sobre la misma, no sin antes precisar que en este país estamos muy lejos de perseguir a nadie por sus ideales, por sus creencias políticas e ideológica en favor del PLD, ya que ningún miembro o dirigente de dicho partido ha sido molestado por sus simpatías partidarias.

La persecución judicial o penal da cuenta de las acciones emprendidas por las autoridades judiciales legalmente investidas para investigar la presunta comisión de un delito con el objetivo de determinar la responsabilidad de su autor.

En otras palabras, la persecución judicial o penal es la acción orientada a la comprobación de la comisión de hechos delictivos o a la identificación de sus responsables por parte de la autoridad o el funcionario público.

En la persecución judicial o penal entra también la persecución a la corrupción, un aspecto importantísimo y hasta determinante para la existencia de un país.

La corrupción administrativa o gubernamental se refiere a los robos descarados que realizan los funcionarios públicos del erario, valiéndose sus cargos, lo que constituye una agresión letal para la vida, para la paz, para el bienestar y para el desarrollo de una sociedad.

Habíamos establecido, en otras entregas, que la corrupción se refiere a la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). Que la corrupción administrativa se refiere a los robos vulgares e intencionales cometidos por los funcionarios políticos.

La corrupción política es una franca violación de todas las leyes y normas institucionales de una nación cometida por políticos en el ejercicio de sus funcionales estatales para las que fueron electos o nombrados.

Entiendo, entonces, que la corrupción política debe ser perseguida hasta las últimas consecuencias y hasta que se establezcan las responsabilidades judiciales y penales de lugar, por lo que apoyo determinantemente a la PEPCA, entidad judicial dominicana encargada del manejo de la investigación, persecución, presentación y sostenimiento de la acción penal pública en los casos o hechos que involucren acciones de corrupción administrativa en la República Dominicana.

Está bien claro que en nuestro país estamos delante de una persecución pura y simplemente judicial en contra de exfuncionarios acusados de haber cometidos actos de corrupción, esto es, acusados de haberse apropiado indebidamente de miles de millones de pesos en detrimento de todos los ciudadanos de nuestro país.

No estamos delante de ninguna persecución política como sabichosamente han querido hacernos creer los adeptos del PLD, ya que los exfuncionarios de su partido están siendo acusados y sometidos, según la acusación del Ministerio Público, por cometer actos de corrupción en contra del erario, pero no por pertenecer o por defender los intereses políticos del PLD.

Los adeptos del PLD han pertenecido y defendido su partido con plena libertad, realizan sus acciones y tareas políticas sin que nadie lo moleste por eso.

De lo que se trata, entonces, es de una persecución pura y simplemente judicial y penal en contra de los alegados actos de corrupción cometidos por sus exfuncionarios, pero no en modo alguno y bajo ninguna circunstancia, de una persecución política en contra de sus seguidores por parte del gobierno de Luis Abinader.

El gobierno de Luis Abinader está muy lejos de propiciar ningún tipo de persecución contra nadie, pues en estos momentos está conduciendo magistralmente a nuestro país por los senderos de la democracia, del bienestar, del progreso y del desarrollo de nuestra sociedad, saneando la administración pública, con sobradas y comprobadas acciones en contra de todo aquel que se haya siquiera intentado cometer acciones que atenten contra del erario y en contra de los sagrados intereses de la nación.

A los parciales del PLD que se dejen de su pataleo político, de su patada de ahogado, pues la sociedad lo que desea es que los exfuncionarios que cometieron actos de corrupción se sometan a los dictámenes de las leyes, de los jueces y de los tribunales, órganos competentes y legalmente investido para perseguir, ventilar, enjuiciar y condenar, si las circunstancias lo determinan, a todos los ex funcionarios que se compruebe cometieron actos de corrupción en contra de los sagrados intereses de nuestra nación,

Eso de persecución política no es más que un vulgar intento desesperado por parte de los peledeistas para tratar de evadir las acciones judiciales y penales en su contra.

Nadie en este país se tragará la comedia política puesta en marcha por el PLD. Los que cometieron actos de corrupción tienen que ser perseguidos, enjuiciados y condenados, tal y como manda nuestras leyes.

Los tribunales y los jueces están compelidos a demostrar que las leyes no son letras muertas y demostrar que la corrupción no puede quedarse sin el debido castigo como demandan los sectores sensatos de nuestra sociedad.

Estos apresamientos y posterior sometimiento a la justicia llegan en hora buena.

Estamos.