Aseguran más de 20 mil productos se venden sin registro sanitario
La Fundación Prensa y Derecho aseguró que Salud Pública anunció el sometimiento de un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública, por falta de etiquetado y registro sanitario en medicamentos y alimentos.
El presidente de la entidad, abogado Namphi RodrÃguez, presidente de Prensa asegura que Salud Pública está obligada a vigilar la calidad de los productos que se comercializan en el paÃs.
RodrÃguez dijo que esa fundación realizó una investigación denominada “Situación de los Consumidores Dominicanos Respecto del Derecho a la Información y el Deber de Seguridad en Productos Alimenticios y Farmacológicosâ€, determinando que más de 20 mil productos farmacológicos y alimenticios se comercializan en el mercado dominicano sin registro sanitario, a lo que se agrega la falta de seguridad que representa la falta de etiquetado en español con información sobre componentes de fabricación, plazos de vencimientos y situaciones de peligrosidad.
“Esa situación está exponiendo a la ciudadanÃa a riesgos invaluables por la alteración de productos de todo tipo, lo que ha motivado que Prensa y Derecho haya emplazado en dos ocasiones a Salud Pública a cumplir con las leyes General de Salud y de Protección de los Derechos de los Consumidores, sin que hasta el momento se reciba ninguna respuestaâ€, expresó.
Reveló que han recibido denuncias de asociaciones de productores agropecuarios que se quejan de que las alteraciones y manipulaciones industriales en los productos de ese sector los hacen menos eficaces, por lo cual tienen que adquirir dos o tres veces el mismo producto para conseguir el fin buscado.
El abogado Namphi RodrÃguez puntualizó que las leyes General de Salud y de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios delegan en el Ministerio de Salud y en Pro Consumidor el deber de regular los bienes comestibles y de salud.
Ley prevé penas por daños por falta de información
RodrÃguez sostuvo que la Ley 42-01 otorga potestades sancionadoras a Salud Pública y a Pro Consumidor para decomisar los productos que no cumplan con el registro y el etiquetado en español, asà como la imposición de multas de hasta 10 salarios y habilita la vÃa penal para aquellos comerciantes que causen daños a los consumidores por falta de información suficiente
