La entidad Prensa y Derecho denunció que más de 20 mil productos farmacológicos y alimenticios se comercializan en el mercado dominicano sin registro sanitario, y muchos de estos no tienen etiquetado en español con información sobre componentes de fabricación, plazos de vencimientos y situaciones de peligrosidad.

El abogado Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, reveló que la investigación “Situación de los consumidores dominicanos respecto del derecho a la información y el deber de seguridad en productos alimenticios y farmacológicos” ha puesto de manifiesto que el incumplimiento de la obligación de etiquetado en español y de registro sanitario permiten que abunden los productos con indicaciones en mandarín, inglés, francés y otras lenguas extranjeras.

Adujo que esa situación está exponiendo a la ciudadanía a riesgos invaluables por la alteración de productos de todo tipo, lo que ha motivado que Prensa y Derecho haya emplazado en dos ocasiones a Salud Pública a cumplir con las leyes General de Salud y de Protección de los Derechos de los Consumidores, sin que hasta el momento se reciba ninguna respuesta.

¿Leche o fórmula?
Rodríguez citó como ejemplo los hallazgos del estudio en el sector lácteo, donde se evidenció que se comercializan como leche productos que no son tales, sino que son fórmulas químicas que incluyen suero y otros derivados.

“No es que digamos que el suero es malo o bueno, sino que el consumidor tiene el derecho a saber si lo que está comprando es leche o es una fórmula mezclada con suero y otros derivados”, dijo.

Reveló que han recibido denuncias de asociaciones de productores agropecuarios que se quejan de que las alteraciones y manipulaciones industriales en los productos de ese sector los hacen menos eficaces, por lo cual tienen que adquirir dos o tres veces el mismo producto para conseguir el fin buscado.

Proconsumidor sí tiene potestad para sancionar

Rodríguez puntualizó que la leyes 42-01, General de Salud, y 358-05, de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios, delegan en el Ministerio de Salud Pública y en la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor el deber de regular los bienes comestibles y de salud que se comercializan en el mercado, a fin de proteger a la ciudadanía. 

En ese tenor, sostuvo que la Ley 42-01 otorga potestades sancionadoras a Salud Pública y a Proconsumidor para decomisar los productos que no cumplan con el registro y el etiquetado en español, así como la imposición de multas de hasta 10 salarios y habilita la vía penal para aquellos comerciantes que causen daños a los consumidores por falta de información suficiente y veraz en los productos que expenden.

Namphi Rodríguez dijo que pese a los múltiples emplazamientos, las autoridades de Salud Pública han preferido la inercia frente al problema, por lo cual la Fundación Prensa y Derecho ha decidido interponer un recurso de amparo de cumplimiento para que se observe la ley y se proteja a la ciudadanía.