Santo Domingo, RD- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),fue apoderada este jueves de la cuarta denuncia en contra del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, por alegadamente cometer irregularidades en la construcción de la carretera Bávaro-Uvero Alto.
La denuncia fue presentada ante el organismo apéndice del Ministerio Público por los abogados Evelyn Torres y Eddy De Gracia, representantes de Alianza Ciudadana, quienes acusan a Gonzalo Castillo de haber manejado de manera irregular más de $4,900 millones de pesos.
“Este sometimiento se hizo en virtud de una investigación iniciada por esta fundación sobre obras ejecutadas por el consorcio Odebrecht-Rizek durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas, que revela grandes irregularidades en las que el Estado dominicano habría sido perjudicado con miles de millones de pesos”, denunció la jurista Torres.
La jurista explicó que en los trabajos de diseño, construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de la citada carretera se hicieron aumentos considerables sin soporte técnico, legal o administrativo para las variaciones.
Se recuerda que, la primera denuncia en contra de Gonzalo fue depositada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta compra irregular de un hotel en Barahona, de la que presuntamente el exfuncionario sigue recibiendo beneficios económicos que no figuran en su declaración de patrimonio.
La segunda denuncia fue depositada por el dirigente de transporte, Juan Hubieres, quien señaló a Castillo por supuestas irregularidades en la compra de asfalto caliente mientras fue ministro de Obras Públicas.
Una tercera acusación, vincula a Gonzalo con el manejo de forma irregular de unos RD$239,000 millones en siete años de gestión.
La denuncia fue depositada por el coordinador del Movimiento Ético-Moral, Alex Díaz, y establece que estos $239 mil millones de pesos fueron adjudicados a 38 empresas durante toda la gestión de Castillo en Obras Públicas, con contratos que se hicieron de manera directa “y muchos sin licitación, violando así la Ley de Compras”.
