Santo Domingo, RD.- El expresidente Danilo Medina daba "apoyo irrestricto" al grupo de personas implicadas en el entramado de corrupción de Operación Coral, que supera los tres mil millones de pesos, cuyo único objetivo era la compra de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas mediante acciones delictivas, según la medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El exmandatario permitió que este grupo actuará en completa libertad frente a un caso de tanta gravedad, por lo que, en círculos judiciales y políticos se tiene la creencia de que su indeferencia era parte de una estrategia para encubrir lo que estaba pasando, y comentan que podría ser llamado a un interrogatorio de parte del Departamento Especializado de Persecución Administrativa (PEPCA), organismo del Ministerio Público.
En el expediente contra el grupo de acusados que encabeza el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad del exmandatario, se establece que estos crearon “un entramado societario dentro del período en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable, transacciones millonarias”.
Además de Cáceres Silvestre, el grupo de los imputados son Rafael Núñez De Aza; la pastora Rossy Guzmán Sánchez; Raúl Alejandro Girón Jiménez; Tanner Antonio Flete Guzmán, y Alejandro José Montero Cruz) y seis personas morales (Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL).
El expediente acusatorio describe el modo en que operaba la supuesta mafia amparada por el Estado, y acusa a los encartados de haber creado “un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”.
Del mismo modo se establece que usaron “militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
También, los implicados “convirtieron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”.
Otros detalles del extenso expediente del Ministerio Pública da cuenta que los imputados, contra quienes se conocerá medida de coerción este viernes 30 de abril, también usó su influencia valiándose de organizaciones religiosas como escudo, a fin de distraer fondos millonarios del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar.
“Desviaron fondos que eran para gastos de operaciones de inteligencia, distribuciones de raciones alimenticias y viáticos presentando gastos para estafar al Estado Dominicano; concertaron entre funcionarios para ejecutar medidas y operaciones contrarias a la ley; falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado Dominicano”.
AMASARON FORTUNAS
A través de sus maniobras fraudulentas, con los recursos económicos adquiridos a la sombra del Estado, los imputados compraron casas, apartamentos, autos de lujo, fincas, empresas y aperturaron cuentas bancarias.
La Pepca) afirma que el general Cáceres Silvestre con apenas un apartamento conseguido en 1998, y ganando en 2012 un sueldo de 35 mil pesos, en su primera declaración jurada de bienes reportó bienes por RD$5,746,498.
El alto oficial fue nombrado general de brigada el 15 de agosto de 2012 y, al día siguiente (el 16), fue ascendido a mayor general y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) por el recién juramentado presidente Danilo Medina Sánchez, funciones en la que permaneció 8 años.
Operación Coral sigue operando
La Pepca establece que la estructura Coral “sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado a través de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para la investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos”.
La red se expande con grandes tentáculos que incluyen, entre otros, a “José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargan de hacer depósitos transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta a los imputados”.
El Ministerio Público acusa a la pastora Guzmán de ser una testaferra del general Adán Cáceres Silvestre, “a través de empresas y terceras personas”, de lo que dice tener “decenas de evidencias” que demostrará en el momento oportuno.