Santo Domingo, RD.-El coronel Núñez de Aza era “uno de los cerebros financieros principales” del entramado de corrupción que enbezaba el mayor general del Ejército Nacional, Adán Benoni Cáceres, según el expediente instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El PEPCA le atribuye a Cáceres cobrar salarios de militares y policías nombrados irregularmente a cambio de pequeñas dádivas que depositaban en sus cuentas bancarias.
El organismo especializado del Ministerio Público sostiene que el coronel policial Núñez De Aza es uno de los cerebros financieros principales en el supuesto entramado de corrupción creado por el mayor general Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina.
En la solicitud de medida de coerción contra los cinco imputados en la “Operación Coral”, el Pepca señala que en la gestión de Cáceres Silvestre como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Núñez De Aza se desempeñaba como gerente financiero del organismo y utilizaban militares subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del entramado.
Añade que “de esta misma forma se asociaron con Raúl A. Girón Jiménez, funcionario nombrado como programador de nóminas del CUSEP y encargado de tecnología del Cuerpo especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La modalidad era la siguiente: a Girón Jiménez le asignaron un salario adicional al que recibía del CUSEP de RD$180,000 mensuales, que eran depositados a una cuenta distinta a la de la nómina.
Ese dinero se movía en forma de depósitos para Núñez de Aza, la empresa Único Real State e Inversiones, una de las compañías que alegadamente la pastora Rossy Guzmán le administraba a Cáceres, lo mismo que a modo de pago de préstamos.
Cobraban salarios de agentes nombrados irregularmente
Según la PEPCA, una de las tácticas utilizadas por el alegado entramado operaba con el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
Además, consistía en recibir un porcentaje de los montos señalados a cambio de bajas dádivas, proceso en el que se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
De acuerdo con la PEPCA la diferencia de la suma de dinero, que resultaban ser millonaria, entre lo pagado y la dadiva, era subsecuentemente repartida de dinentre miembros de esta sociedad, en formas de depósitos y transacciones
En los documentos los alegados imputados establecían otra forma de corrupción, la cual consistía en hacer pagos percibidos por empresas del grupo, hechos por unidades y organismos de seguridad del Estado.
“Las empresas imputadas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra, recibían fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de ‘compras de huevos’, ‘compras de ganado’, y otros depósitos sin concepto, para los cuales utilizaban al imputado cabo de la Policía Nacional Eric Daniel Pereyra Núñez, entre otras personas investigadas”, señala parte de la solicitud.
De acuerdo al documento, actualmente Adán Benoni Cáceres Silvestre sigue recibiendo dinero de estas actividades ilícitas.
Presuntos lavados de la pastora
Rossy Guzmán, la pastora imputada en la operación Coral, es acusada por el Ministerio Público de ser la que lavaba el dinero que era manejado por el entramado, a través de la creación de empresas, señalando el caso de Ünico Real Statate, una de la compañía que alegadamente le administraba a Adán Benoni Cáceres Silvestre.
La referida empresa, según el expediente, fue la que se encargó de la cmpra de un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico en Las Terrenas, provincia Samaná, comp parte del lavado.
“Ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos”, detallaron las autoridades.
Medida de coerción el miércoles
El conocimiento de la medida de coerción para los acusados en la Operación Coral está pautado a iniciar este miércoles a las 11 de la mañana.
También el órgano persecutor anunció que los imputados enfrentarán cargos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción, por lo que pedirán un año de prisión preventiva para los involucrados.
