Fue durante los gobiernos de Buenaventura Báez Ulises Hereaux (Lilis), cuando se tomaron los empréstitos más onerosos y se firmaron los convenios más lesivos  al interés nacional.

También los gobernantes Horacio Vásquez, Morales Languasco y Ramón Cáceres actuaron con permisividad en estas operaciones. Lo contrario sucedió en los dos gobiernos que encabezó el presidente Manuel Jiménes, que siempre resistió la decisiones individuales de los acreedores extranjeros.

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El llamado empréstito Hartmont, concertado en 1869, esta reputado como el más dañino a la economía del país. Fue canalizado a través del corredor inglés Eduard  Hartmont, quien también era cónsul dominicano en Londres,  por un valor de 420,000 libras esterlinas, que ascendían con los intereses acumulados en 25 años, ascendió a 1,472,500 libras esterlinas.

Como garantía las autoridades pusieron las aduanas de los puertos de Santo Domingo y Puerto Plata, pero la firma Hartmont violó el contrato desde el principio, ya que no cumplió con la entrega de 50 mil libras esterlinas prevista al cierre de dicho convenio financiero.

A principios de 1870, para cuando estaba previsto la entrega de todo el dinero, las autoridades solo habían recibido 38,095 libras.

Incomodo y desesperado por recursos económicos, Báez rescindió el contrato con la firma inglesa, pero no reclamo la devolución de los pagarés, y el gangster Hartmont utilizó la documentación para afectar los intereses dominicanos en el exterior, lo que pudo lograr con facilidad.

En su gobierno de seis años Báez, a través de la intermediación de los agentes comerciales nortemericanos  WiIlliam Cazmeau y Joseph Fabens, acordó una serie de negociaciones que incluían explotaciones mineras y el establecimiento de vapores correos entre Santo Domingo y los Estados Unidos.

También establecieron un proyecto de arrendamiento o la venta de la bahía de Samaná, así como la anexión de la República a Estados Unidos.

El precio de la bahía fue estipulado en 2 millones de dólares, pagaderos la mitad en oro y la otra mitad en armas y municiones. Con cargo al arrendamiento el Gobierno recibió un avance de 50 mil dólares.

Ante la oposición de sectores nacionalistas y un grupo de intelectuales dominicanos que resistieron el intentó de  integrar el país a los Estados Unidos, Báez volvió a la carga tratando de arrendar Samana a una empresa privada. En 1872 firmó un nuevo contrato con la Compañia Bahía de Samana,  que  establecía el otorgamiento de la soberanía sobre el territorio, las aguas, islas, cayos, asi como el derecho de revender el territorio según conviniese a la compañía. El estado dominicano recibiría como pago la infima suma de 150 mil pesos oro por año.

A mediados de 1888  Lilís  concertó un empréstito con la compañía holandesa Westendorp, por un monto de 770,000  libras esterlinas, al 6 por ciento anual y pagadero en 30 años. De esta suma, el 25 por ciento estaba destinado a gastos legales, por lo que solo se recibiría un 75 por ciento. Como condición el Estado debía pagar 42,860 libras esterlinas por el canje del préstamo Hartmont.

De la suma convenida   el presidente Heureaux  sólo recibió 151,660 libras esterlinas para pagar la deuda interna, y a cambio de ella las aduanas quedaron hipotecadas y controladas por agentes de la compañía, que se organizaron en una llamada Caja General de Aduanas.

Con este préstamo Lilís se consolidó en el poder, y parte de los recursos del empréstito lo distribuyó entre sus adeptos. También instaló el Banco Nacional, institución financiera que le sirvió de fuente de crédito, además de que la institución  tenia facultad para acuñar monedas y emitir billetes.

Más adelante  el dictador  dirigió su mirada otra vez hacia los EU tratando de hipotecar la Bahía de Samaná, pero encontró resistencia de los gobiernos de Francia, Italia, Inglaterra, Países Bajos, además de Alemania, que amenazó con dejar de comprar el tabaco dominicano si se realizaba tal hipoteca.

Por esa razón  tomo un nuevo préstamo a la  firma holandesa Westendor, por valor de 90,000 libras esterlinas, pagaderas en 50 años, pero al mismo tiempo continuo con los planes de arrendamiento de Samaná al gobierno norteamericano por un período de 99 años, a cambio de 250,000 dólares, pagaderos al momento del cierre del contrato. Este arrendamiento incluía también el pago de cinco anualidades de 50,000 dólares, más 25,000 por año hasta finalizar el convenio. El plan de arrendamiento de Samaná fue de nuevo suspendido por las protestas escenificadas en todo el país, especialmente en el Cibao.

En abril de 1892 Lilís transfirió la administración de la deuda concertada con Westendorp, a la compañía Santo Domingo Improvement of New York, iniciándose un nuevo proceso fraudulento por parte de esta empresa en perjuicio de los antiguos acreedores europeos y del Estado Dominicano.

Como se aprecia los  empréstitos de los gobiernos nacionales  constituyen  una costumbre secular  con la diferencia de que en nuestros tiempos son más frecuentes y con montos superiores, además de que deben  solventar  el colador de los señores legisladores.

Chichidejesus46@hotmail.com