Un joven que presumiblemente se dedicaba a robar y a atracar, fue asesinado en el día de ayer por una multitud enardecida en el distrito municipal Villa Sombrero de Baní.
Ese hecho aconteció después de haberle herido y tras habérselo despojado a una ambulancia del cuerpo de bomberos que acudió a prestarle auxilio, a lo que la multitud se opuso, entendiendo que todos los ladrones deben ser linchados.
El ejemplo dado en Villa Sombrero ha sido aplaudido por numerosas personas de la comunidad que a través de las redes sociales se han manifestado en apoyo porque entienden este es un muy buen ejemplo.
Del acontecimiento circuló una tétrica grabación de los hechos que muy bien harían las autoridades en recuperar, puesto que el asunto que se le plantea a estas y a la sociedad en general, es si vamos a sustituir la justicia que debe administrar el Estado, por una justicia privada hecha por aclamación popular y sin responsabilidad de nadie en particular.
Es muy frecuente ver en las redes sociales, en diversos escenarios y por diversas razones, a personas que expresan quejas acerca de la forma de administración de justicia que hace el Estado.
Dentro de los argumentos que se esgrimen hemos oído señalar que deben ser puestas en libertad personas procesadas por crímenes y delitos graves porque supuestamente son buenas personas, que compran y donan recetas médicas en su sector y que sus beneficiarios entienden que no deben ser procesadas si se apartan de la ley y mucho menos ser sancionadas severamente, por lo que por estas razones han de ser merecedoras de privilegios.
También hemos oído expresar como motivos, que determinadas personas tienen vínculos de tal o cual naturaleza a tomar en consideración, pero sin que se vea una madurez ciudadana en torno a lo que debe o no debe ser, partiendo de criterios racionales y que armonicen con el interés colectivo.
Si bien es cierto en algunas ocasiones hay autoridades que no armonizan con sus funciones y toman malas decisiones, debemos tomar en consideración que las autoridades judiciales no están para tomar decisiones complacientes que satisfagan el morbo popular, sino para tomar decisiones responsables, para lo cual tienen la obligación de conducirse por los postulados de la ley.
Por esto adquiere importancia que los ejemplos sean puestos con los que se entiende tienen más poder, más recurso y más apoyo, de manera que se ejerza una labor didáctica hacia afuera poniendo de manifiesto que efectivamente no existen vacas sagradas y para que nunca y bajo ninguna circunstancia haya duda acerca de que la ley es para todos.
Y esto deben entenderlo desde las más elevadas instancias del Estado que debe comenzar con el respeto y fortalecimiento del Poder Judicial y de los organismos encargados de realizar las investigaciones y persecución del crimen, sin extrañas influencias para entorpecer sus funciones y dotándoles de los recursos necesarios, pero también de los medios de control y evaluación, para así evitar la creación de un órgano todopoderoso por encima del bien y del mal.
Lo acontecido en sombrero significa que un raterito criminal, mediante la administración de justicia privada, fue asesinado por un grupo de criminales que se han creído mejores y con ese derecho, después de haberle reducido, produciéndole heridas, no mortales, para evitar que se escapara.
Por esa razón y porque la justicia privada es un acto de barbarie que va prendiendo en el colectivo nacional como un buen ejemplo, las autoridades harían muy bien en recuperar el video que recrea las traumáticas imágenes del asesinato, identificar a sus autores materiales y a quienes lo alentaron para entonces procesarlos judicialmente, como corresponde .
