(CNN Español) - La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia a presentar un recurso relacionado con la realización de la Asamblea Constituyente en ese país, propuesta por el presidente Nicolás Maduro.

Ortega dijo que pide aclaración del TSJ pues considera que el proceso de la Constituyente vulnera la participación popular y se refirió a una sentencia publicada por la Sala Constitucional (la 378) que afirma que elimina la democracia participativa y protagónica.

La sentencia se refiere al reclamo de la oposición de que no se hizo una consulta popular para la Constituyente, y dijo que el ejecutivo tenía la potestad en nombre del pueblo de hacer resta convocatoria.

La Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva constitución nacional.

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  • Maduro dijo que el ministro de Educación Elías Jaua será el líder de esta Asamblea Nacional.

    El mandatario dijo que la Asamblea Nacional Constituyente será "no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones", afirmó el 1 de mayo cuando la propuso.

    La oposición advierte que no puede ser una asamblea constituyente comunal y dice que el Gobierno le está quitando al pueblo el derecho a votar, que según ellos es la vía adecuada para una solución a la crisis y constituye un verdadero diálogo nacional.

    El estado de malestar generalizado en el país surgió el 29 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lo que se ha sumado a los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. La oposición se indignó y calificó la medida como un golpe. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.