(CNN Español) – El nombre del colombiano Ismael Arciniegas encarna desde este lunes una historia trágica: fue ejecutado en China como cumplimiento de la pena de muerte a la que fue condenado por intentar ingresar casi 4 kilos de droga a ese país en 2010.

A pesar de que el Gobierno de Colombia entregó una nota de clemencia, las solicitudes fueron rechazadas y el colombiano fue ejecutado en la noche de este lunes (hora colombiana).

La Cancillería de Colombia informó en las horas de la mañana a que las autoridades de la República Popular de China decidieron ejecutar a Arciniegas, “a pesar de las reiteradas peticiones de clemencia y las varias solicitudes presentadas al Gobierno chino para que su sentencia de muerte fuera conmutada”. Y horas después, vía Twitter, anunció que Arciniegas ya se había despedido de su familia.

Por gestión del Consulado en Guangzhou, Ismael Enrique Arciniegas ya se despidió de sus familiares.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 28, 2017

Según explicó el viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, en una rueda de prensa, se iba a intentar “hacer un último esfuerzo diplomático”. Este consistía en “entregar una nueva nota de clemencia o de conmutación de la pena cuando se inicie el protocolo de la aplicación de la muerte”. Sin embargo, la más reciente publicación en Twitter de la Cancillería confirma que dicha gestión no rindió sus frutos.

.@cancilleriacol expresa sus condolencias a los familiares de Ismael Enrique Arciniegas Valencia.Se luchó hasta el último minuto por su vida

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 28, 2017

"Después de varios años de gestiones diplomáticas las autoridades chinas rechazaron las solicitudes de súplica para conmutar su condena", dijo la Cancillería en Twitter.

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que Arciniegas se encontraba detenido en una prisión de la ciudad de Guangzhou. La sentencia a pena de muerte ocurrió luego de que reconociera que “llevaba casi cuatro kilos de droga que le pidieron traficar a cambio de 5.000 dólares”. También afirmó que en todo momento, desde su detención en 2010, el colombiano ha sido asistido por los consulados de Colombia en dicha ciudad y en Beijing.

Echeverri también había anunciado que la cónsul en Guangzhou estaría presente durante la aplicación del protocolo, en todo momento, y que ella misma había solicitado la presencia de un religioso católico, “en caso de que se siga con la pena de muerte”. Y volvió a insistir en que “hasta el último momento vamos a luchar por la vida de nuestro condicional a través de gestionase diplomáticas y consulares. No cesamos en el esfuerzo”.

Estamos haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para intentar salvar a nuestro connacional Ismael Enrique Arciniegas

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 28, 2017

El funcionario además explicó que los casos en los que se ha logrado la repatriación de colombianos condenados ha sido “por razones de salud… porque están afectados por temas graves de salud”. Algo que, al parecer, no aplica en el caso de Ismael Arciniegas: “el delito por el cual ha sido condenado y está en proceso –y lamentamos– es un delito que se considera una falta gravísima por la cantidad de droga que se le encontró”, relató Echeverri. De ahí que la gestión se haya dificultado un poco más.

En Colombia no existe la pena de muerte como sentencia judicial, por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que “si bien el Estado colombiano reconoce el derecho soberano que tienen los países de establecer y aplicar su legislación en materia penal, reitera categóricamente su posición en contra de la pena de muerte y reafirma la inviolabilidad del derecho a la vida”.

En este sentido, el Ministerio informó que actualmente hay 15.034 reclusos alrededor del mundo de los cuales el 56.7% se encuentran detenidos por delitos de narcotráfico, lo que equivale a 8.526 presos. En el caso específico de China “hay cinco colombianos condenados a pena de muerte por este delito (tres sentencias ratificadas y dos en espera de la apelación), 10 a pena de muerte con suspensión por dos años, y 15 a cadena perpetua”.

Y, si bien la Cancillería aseguró que seguirá haciendo todo lo que está a su alcance para proteger los derechos de sus ciudadanos, “no puede garantizar ni la repatriación en todos los casos, ni la no aplicación de la pena de muerte en aquellos países que tienen establecido este castigo”.