Sectores nacionales siguen esperando por una solución de dos grandes casos ocurridos el pasado año, causando gran pesar entre la colectividad dominicana, y que parecen haber sido olvidado por la Justicia Dominicana
Son los casos del exnuncio polaco, Jozep Wesolowski y el sacerdote Wokcietch Waldemar Gil (Alberto Gil), contra quien pesan graves acusaciones de pedofilia.
Hace algún tiempo se informó que la República Dominicana envió a Polonia expediente contra el cura de Juncalito (Alberto Gil), pero no se conocen nuevos detalles del caso que se pueda llevar a pensar el verdadero interés de el mismo sea sancionado.
El excura polaco está acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores de edad durante su labor pastoral en la comunidad Juncalito, en Santiago.
El expediente incluye declaraciones y testimonios de las víctimas, así como las evaluaciones psicológicas de las mismas y diferentes tipos de evidencias con las cuales el Estado dominicano busca conseguir que el caso del padre Gil no quede impune, indicó el Ministerio Público en una oportunidad.
El envío de la documentación se realizó a través del Departamento de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, que dirige la magistrada Gisela Cueto.
WESOLOWSKI
De este segundo caso, lo último que se es que que el Vaticano habría rechazado un pedido del fiscal de Varsovia para que la Santa Sede respondiera a un reclamo del Gobierno y de la Justicia de República Dominicana para que dispusiera la entrega y extradición de su exrepresentante en este país, el exnuncio polaco Jozep Wesolowski, acusado de pedofilia.
Informaciones del diario Le Monde, de Francia, destacadas por la agencia AFP, dan cuenta de que el papa Francisco respondió de manera negativa a la solicitud de la Fiscalía de la ciudad de Varsovia, Polonia, de donde es oriundo el exnuncio, para que autorizara su extradición a fin de que respondiera a las acusaciones formuladas por las autoridades dominicanas en su contra.
Wesolowski reside en la ciudad de Roma, Italia, desde que salió de República Dominicana tras su destitución de la Nunciatura Apostólica, luego de desatarse el escándalo que lo involucra en prácticas de alcoholismo, aberración sexual y pedofilia, que afectaron a la Iglesia Católica dominicana.
Frente a estos dos casos, el país reclama que el Procurador General de la República explique en detalles las gestiones realizadas por la Justicia Dominicana, a fin de que los responsables paguen por el crimen que cometieron, y que simplemente no queden en el olvido, como otros tantos.
