El presidente Danilo Medina rechazó de manera enfática y decidida en Cuba las acusaciones de racismo y discriminación que países de la Comunidad del Caribe (Caricom) hacen contra República Dominicana por la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constituciona, que define quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana, y mandó a Ralf Gonsalves a gobernar en su país.


En el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños (CELAC), el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, instó a ese organismo regional a pronunciarse contra el fallo del TC, el cual calificó como repugnante, discriminatorio y una muestra de intolerancia. 

Luego de las críticas de Gonsalves a la sentencia, el presidente Medina al participar en el foro, expresó  de manera enérgica que para la República Dominicana es inaceptable que la acusen de violación a los derechos humanos y advirtió a Gonsalves que él ha ido demasiado lejos en sus pronunciamientos “manidos y repetitivos”, por lo que lo mandó a gobernar en su país. 

 â€œYo le quiero pedir señor Ralph que gobierne en San Vicente y Granadinas y a la República Dominicana le permita que gobernemos nosotros. No aceptamos de ninguna manera que usted quiera imponerse a la soberanía de un Estado democrático que tiene instituciones que respetar”, reclamó el mandatario al crítico principal del fallo del TC ante los representantes de los 33 estados de América Latina y el Caribe que participaron en la Cumbre. 

En tono desafiante dijo que “yo no creo que el señor Gonsalves haya hecho por Haití lo que ha hecho República Dominicana, por tanto no aceptamos la acusación que nos quiere endilgar en este foro. República Dominicana ha sido el Estado más solidario con Haití”.

El mandatario advirtió que no acepta que ningún país “ni chiquito ni grande, atente contra la soberanía de la República Dominicana”, al tiempo de exigir respeto para la nación a aquellos que disienten de las decisiones que tomen en territorio nacional. 

Afirmó que las decisiones en materia de regulación migratoria y documentación de la población del país, “corresponden única y exclusivamente a las instituciones competentes de la nación dominicana” y fue enfático al asegurar que aquí no se discrimina ni se violan los derechos de los inmigrantes, sino todo lo contrario.

“Nosotros somos un Estado soberano y no aceptamos que nadie, absolutamente nadie juegue con la nuestra soberanía,  porque el día que yo tenga que declinar como Presidente la situación de soberanía, entonces no merezco ser Presidente de mi país, por tales razones yo exijo respeto por la República Dominicana. 

El que tenga que disentir de nosotros tiene todo el derecho de hacerlo, pero respetando nuestro derecho como nación independiente”, enfatizó el mandatario. 

Informó que en República Dominicana, toda persona independientemente de su estatus migratorio regular o irregular, tiene el mismo acceso que cualquier nacional a la salud y la educación preuniversitaria públicas.

Más temprano, al responder preguntas de periodistas internacionales al margen de la Cumbre, el jefe de Estado dijo que la sentencia del Constitucional no quita la nacionalidad a las personas haitianas que viven en la República Dominicana, porque “no le puede quitar a nadie lo que no tiene”. 

Consideró que es un error pensar que la misma despoja de la nacionalidad a alguien, por el hecho que la sentencia remite al año 1929. En ese sentido, aclaró que todas las constituciones que ha tenido el país desde ese año han tenido las mismas condiciones. 

Defendió a capa y espada el fallo y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y garantizó que él no permitirá que sean “violentados los derechos personales de nadie” y negó que con la sentencia se convierta en apátridas a muchos haitianos que viven en territorio nacional.

“El concepto de apátrida no se aplica en este caso. En primer lugar porque usted no le puede quitar a nadie lo que no tiene. Lo que estamos buscando con este proceso de regularización, y por suerte el hermano de Haití ha estado de acuerdo con nosotros en sentarnos en la mesa del diálogo para discutir todos esos asuntos, es como le damos, como sacamos a mucha gente que están en un limbo jurídico, que ni tienen la nacionalidad dominicana ni tampoco han hecho uso de su nacionalidad haitiana”, dijo. Indicó que el Gobierno ha prometido “una ley de naturalización para recoger todas aquellas personas que se sienten ser dominicanas y darle un estatus legal, que no lo tienen, porque nunca fueron registrados”. 

Afirmó que en el país hay cerca de un millón de haitianos y reveló que el 13% de los partos en hospitales públicos son de madres haitianas, lo que significa un gasto de RD$5,300 millones al año para el Estado. Resaltó además que cerca de 51 mil haitianos estudian en Dominicana, 36 mil de los cuales, asisten a las escuelas nacionales sin requerirles ningún documento; 15 mil van a universidades dominicanas y muchos de ellos beneficiados con becas. 

Recordó que luego del terremoto de 2010 los puertos y carreteras dominicanas han servido para suplir a Haití de mercancías provenientes de otros países, sin ningún costo para la vecina nación. l elCaribe