San Juan, Puerto Rico.- Próximo a cumplirse 64 años del establecimiento del Estado Libre Asociado (ELA, sistema que garantizó a Estados Unidos dejar de rendir informes a las Naciones Unidas sobre la administración colonial de Puerto Rico, el Congreso norteamericano concreta la imposición de un cambio político mediante una junta federal de control fiscal que garantice a los acreedores de Wall Street cobrar la deuda pública de 70 mil millones de dólares.

En la medida en que avanza el proceso en la Cámara de Representantes de EEUU, donde este miércoles republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo en el Comité de Recursos Naturales para aprobar el proyecto HR 5278 con 29 votos a favor y 10 en contra, crece la indignación de los puertorriqueños, esta vez en los tres principales partidos electorales: Popular Democrático (PPD, defensor del statu quo), Nuevo Progresista (PNP, anexionista) e Independentista Puertorriqueño (PIP, socialdemócrata).

Con excepción del PIP, que aboga por la soberanía y la autodeterminación frente a Estados Unidos, en el PPD, donde cohabitan corrientes autonomistas y soberanistas, se ha producido la sorpresa de que dirigentes conservadores como Eduardo Bhatia, presidente del Senado, han condenado el posible establecimiento de la junta federal porque hará inoperante el gobierno de Puerto Rico.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, abanderada del ala soberanista del PPD, reconoció a la agencia Inter News Service (INS) que realmente no tendrá sentido realizar unas elecciones para escoger a un gobernante del país y a una Asamblea Legislativa cuyas decisiones podrán ser vulneradas por el organismo que se propone imponer el Congreso de Estados Unidos con la anuencia de la Casa Blanca.

Cruz Soto, una crítica sistemática de la política del gobernador Alejandro García Padilla, también del PPD, por considerar que no ha sabido enfrentar a los acreedores de Puerto Rico, subrayó que el organismo de siete miembros que nombrarán el Congreso y el Presidente de Estados Unidos viene a salvaguardar los intereses de los fondos buitres y de los bonistas de Wall Street.

Aprovecho para criticar la postura del delegado electo ante el Congreso de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, quien después de decir que no estaba de acuerdo con la junta, votó a favor.

Pierluisi, quien solo tiene voto en las comisiones, no así en el pleno, consiguió que se enmendara la medida para que fuera una junta de supervisión y no de control fiscal, lo que todavía está por verse.

Los poderes de la junta fiscal impuesta por Washington irán por encima de cualquier determinación de los gobernantes electores puertorriqueños, incluidos senadores y diputados, como parte de un proceso de “reestructuración” de la multimillonaria deuda que implica la venta de activos del gobierno isleño.

Puerto Rico se aboca a incurrir en un impago de 1,900 millones de dólares el 1 de julio próximo, pero hay duda de que la Cámara de Representantes federal haya aprobado para entonces la creación del organismo, que después tendrá que cumplir su trámite en el Senado estadounidense.

Cruz Soto acusó al comisionado residente en Washington, quien preside el PNP y aspira a encabezar su boleta como candidato a la gobernación en noviembre próximo, de padecer “el síndrome del esclavo que lo mueven de recoger algodón en el campo a la casa del amo, le ponen un poquito de ropa y cree que es mejor que los esclavos que están recogiendo algodón”.

“Uno no acepta algo indigno porque es menos indigno; uno no dice que va a dar una lucha contra algo para que se ponga menos mala”, insistió la alcaldesa capitalina, quien ya sostuvo reuniones con sectores sindicales y sociales del país para oponerse activamente a la junta de control fiscal.

La postura del gobernador García Padilla tiene elementos coincidentes con Pierluisi en el sentido de que hay áreas en las que se debe seguir trabajando para que se enmiende la medida que daría origen a Promesa, el irónico acrónimo en inglés del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, como se llama la legislación.

La candidata a la gobernación del PIP, senadora María de Lourdes Santiago, consideró que el paso dado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. “es la más reciente bofetada colonial y la única respuesta digna es el repudio tajante al sistema colonial que la ha engendrado y el reclamo fuerte y claro de descolonización e independencia de Puerto Rico”.

Santiago caracterizó la junta fiscal de “una dictadura al desnudo”, por lo que lamentó que algunos quieran “sacar provecho político de esta humillación diciendo estar en contra, pero reafirmando su lealtad de siempre al ELA que es el régimen de inferioridad política”.

“La junta no vendrá a poner la casa en orden ni a adjudicar responsabilidades por el desastre económico ni a promover desarrollo; llegará a imponer medidas de austeridad que provocarán gran sufrimiento y necesidad: reducción de pensiones, recortes a la salud pública, privación de recursos para educación pública, eliminación de empleos públicos y a garantizar, por encima de cualquier otra consideración, que aparezcan al precio que sea los fondos necesarios para pagar a los acreedores de Wall Street”, resumió.

La vicepresidenta del socialdemócrata PIP resaltó que el gobierno de los Estados Unidos no ha tenido consideración con la urgencia de que Puerto Rico cuente con las herramientas de desarrollo económico, como la eliminación de las leyes de cabotaje, el poder para proteger la industria y comercio, el control de la llegada de la materia prima y de las mercancías, la conveniencia de gestionar financiamiento externo para la deuda y la capacidad de reestructurar la deuda en términos favorables para Puerto Rico.

La generalidad de los políticos puertorriqueños consideran que este paso que da el Congreso de Estados Unidos en coordinación con el presidente Barack Obama, está dirigido a sepultar el ELA, por resultar inoperante para los intereses de la nación norteña.

El congresista estadounidense Luis Gutiérrez, de origen boricua, consideró este jueves que la medida que impondrá una junta federal que irá por encima del gobierno de Puerto Rico, tiene un carácter fascista, ya que no atiende las necesidades genuinas del pueblo, sino que lo subordina “a los privilegios artificiales de los ricos especuladores en EE.UU.”