La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) realizó la mesa redonda “El Nuevo Rol del Alguacil en el Sistema de Administración de Justicia”, en el marco del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La celebración de esta actividad tuvo como finalidad el conocimiento de las bases jurídicas y sociales que plantea el proyecto de Ley del Alguacil, el cual viene a responder a diversas interrogantes sobre la función de los ministeriales en el sistema de justicia dominicano e introduce una serie de novedades y beneficios, indica una nota de prensa.
El evento estuvo integrado por los licenciados Hipólito Girón Reyes, presidente de la Asociación Dominicana de Alguacil; Álvaro Caamaño, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Alguacil, y Francisco Álvarez Valdez, abogado consultor, bajo la moderación del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo de Finjus.
En su participación, Girón Reyes expresó que este proyecto de ley tiene como uno de los propósitos fundamentales retornar a la confiabilidad de los alguaciles, amparado en un sistema institucional y democrático. Manifestó la necesidad de una regulación que establezca un debido proceso a seguir, mediante la cual pueda ser ofrecido un servicio ministerial ético y moral acorde con las exigencias de la sociedad.
Enfatizó puntos importantes que presenta este proyecto de ley, dentro de los cuales podemos mencionar: a) la creación de la carrera judicial del alguacil; b) la incorporación a un sistema de seguridad social; c) la creación de un departamento de supervisión e inspectoría; d) la creación de un sistema de consecuencia contra cualquier conducta inadecuada de su parte; e) el establecimiento de una distribución de los gastos justos, divididos en diversos porcentajes; f) la disposición de transporte público autónomo; g) sistema de aleatoriedad de los trabajos, de modo que todos los ministeriales puedan beneficiarse de un quehacer, entre otros.
En el evento, Álvaro Caamaño manifestó que en todos los países del mundo, salvo el nuestro, los alguaciles constituyen una pieza clave en el sistema de justicia, por lo que estimó necesario una normativa que establezca de manera minuciosa quién es el alguacil, cómo se eligen, cuál es el procedimiento que deben seguir, entre tantas otras interrogantes. Asimismo, resaltó que se les cuestionó tanto a los alguaciles, a los jueces, como a la sociedad civil sobre cual entendían es la mayor problemática que presenta el sistema ministerial en el país, a lo que los alguaciles afirmaron que la mayor problemática lo constituye el abandono que reciben por parte de la Suprema Corte de Justicia, especialmente sobre los temas económicos; mientras, los jueces asentaron la poca credibilidad en sus funciones, motivo por el que se comisionan alguaciles específicos en determinados casos; y finalmente la sociedad civil declaró que el proceso de contratación de los servicios del alguacil se realiza de manera informal, insegura y poco efectiva.
Puntualizó novedades relevantes de la propuesta, tales como la creación de una oficina de requerimiento, con el propósito de evitar las relaciones directas entre el alguacil y el usuario, garantizando la imparcialidad del trabajo. Igualmente, otra novedad representa la creación de un sistema de registro de todos los actos realizados por los ministeriales, a fin de tener constancia de todos los documentos ejecutados.
Posteriormente, Francisco Álvarez, desde una visión jurídica enfatizó puntos significativos del proyecto, tales como: a) sobre la creación de una super-estructura, expuso que es necesario analizar la factibilidad económica del servicio que ofrecen; b) sobre la fuerza pública, de la que el Ministerio Público es el único que la desempeña; c) sobre el sistema aleatorio, expresó que prevalecerá la burocracia; d) sobre la carrera judicial, afirmó que es necesario su capacitación, más no está de acuerdo con el escalafón que establece; e) sobre los honorarios, entiende que todos los alguaciles deben ser funcionarios públicos y que el costo de los actos deben ser asumidos por el presupuesto de la carrera judicial, siendo entonces indispensable para esto el establecimiento de un salario fijo para ellos.
En consecuencia, es evidente que no es posible la aprobación del proyecto de Ley del Alguacil sin unir fuerzas, de modo que es necesario la celebración de diversos debates que involucren los distintos sectores de la sociedad, a fin de que se plantee un proyecto legítimo, de acuerdo a la Constitución y la democracia del país.
