Santo Domingo.- Los sucesores de don Andrés Trinidad Mejía y doña Josefa Díaz, quienes dicen ser los propietarios del islote Cayo Levantado de Samaná, anunciaron que iniciaron una acción jurídica para que les sea devuelta la propiedad que tienen desde el año 1860.

Ramón Almánzar, uno de sus abogados de la familia, informó que para la familia fue una sorpresa la sentencia 194-13 del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que el islote Cayo Levantado pertenece al dominio público y al Patrimonio Nacional.

Afirmó que “con esa sentencia se violentan leyes y derechos. Hoy tenemos que decirles a los sucesores que esto no está perdido, que se estén tranquilos, porque el TC no es el dueño del país”.

Almánzar advirtió que los abogados de la familia Trinidad Díaz van a perseguir el debido proceso y  defenderán sus derechos. En ese sentido, emplazó al TC a que presente el decreto donde el patrimonio Cayo Levantado fue declarado de utilidad pública por cualquier gobierno de la historia de esta nación.

“Los señores Andrés Trinidad Mejía y Josefa Mejía son los propietarios. Ellos tienen un título que fue ya fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia y esta ordenó a la corte de San Francisco de Macoris que nombre una juez comisaria para que determine herederos”, explicó.

Dijo que el hecho es preocupante, porque el TC no fue apoderados para eso, sino para un incidente y decidieron de manera extraordinadia emitir una entencia definitiva.

La familia

El señor Julio César Tinidad Trinidad advirtió que su familia va a reclamar lo que les corresponde.

La sentencia TC/194 que admite un recurso de revisión constitucional interpuesto por Inversiones Whale Bahía S. A., operadora del hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado y, en consecuencia, anula una decisión de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia sobre un litigio de repartición de bienes en donde podría haber estado Cayo Levantado.

El caso surge por una demanda en partición incoada por los sucesores del finado Andrés Trinidad, la cual fue acogida por la Cámara Civil y Comercial de la  Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.