El director ejecutivo de la Academia Dominicana del Derecho, Manuel Tapia López, afirmó este lunes que la sentencia del Tribunal Constitucional no pone en juego la nacionalidad dominicana del doctor José Francisco Peña Gómez, ya que el extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue adoptado por una pareja de esposo dominicano en Mao, municipio cabecera de la provincia Valverde.

Tapia López reveló que en una ocasión Peña Gómez consultó a su padre Tapia Espinal, quien también es abogado, sobre su nacionalidad dominicana ante los constantes ataques políticos que recibía, y que éste le hizo la aclaración de lugar.

Expuso que aunque el fallecido líder político nació en Haití, el hecho de que haya sido adoptado por una pareja de esposo de la República Dominicana, le da el derecho constitucional de poseer la nacionalidad dominicana.

El conocido jurista fue entrevistado en El Gobierno de la Mañana, donde ofreció amplias y concisas explicaciones respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional que estable el estatus de los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país, y de la que dijo no puede ser revertida “ni siquiera por disposición de un organismo internacional”.

Tapia López argumentó que la Constitución dominicana establece que no es posible revertir las sentencias del TC, pues este organismo está sobre todos los demás poderes del Estado.

“Hay un sin número de sentencias de tribunales internacionales diciendo que la nacionalidad es un asunto interno de cada país, no ha habido hasta el momento un organismo internacional que revoque una sentencia de un Tribunal Constitucional”, sostuvo el abogado.

Sobre la propuesta de que se otorgue una amnistía a los afectados por la sentencia, el abogado manifestó que es un tema complejo porque implicaría tanto a los ilegales inmigrantes como a los que están en estado de delincuentes.

“Mucha gente está tergiversando las cosas porque tiene simpatía con un grupo”, aseguró Tapia López al tiempo de saludar la sentencia porque -considera- establece tanto el derecho como la ordenanza de cumplimiento.

Sostuvo que la sentencia ordena, además, ejecutar en 90 días el plan de regularización de inmigrantes establecido en el artículo 151 de la Ley de Migración.

El abogado indicó que ya el TC habló y lo que debe hacerse es buscar una solución histórica al tema “y que a dichas personas se les respete el derecho mediante un plan de regularización.