El Gobierno dominicano acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dar un trato diferenciado a los casos contra la República Dominicana con respecto a otros países en situaciones similares.

El abogado Flavio Darío Espinal, actuando en representación del Estado Dominicano, dijo que desde el año 2010, la CIDH ha celebrado siete audiencias con relación al tema, y a todas el país ha asistido.

Dijo estar convencido de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reitera criterios y posiciones como si la realidad fuera estática, como si el Estado dominicano no emprendiera iniciativas sobre las decisiones que se han tomado positivamente a favor de miles de personas que pudiesen haber estado afectadas por situaciones particulares.

“Sentimos que la Comisión da un trato diferenciado a este tema, cuando se trata de la República Dominicana, en comparación con lo que hace en relación a otros países que también enfrentan situaciones similares”, dijo el representante del Gobierno dominicano.

Consideró que ambas actitudes dificultan el diálogo franco y constructivo, aunque aclaró que en todo caso el Estado dominicano sigue abierto a dialogar con la CIDH como lo ha hecho históricamente.Los representantes de la CIDH negaron que practiquen un trato diferenciado con República Dominicana, limitándose a aclarar que la audiencia de ayer se debió a la denuncia del grupo denominado Reconocido, representado por la activista Ana María Belique.

Belique denunció practicas de apatridia y violaciones de los derechos humanos por parte del Ministerio de Interior y Policía y la Junta Central Electoral.

La CIDH realizó ayer dos audiencias contra la República Dominicana, la primera sobre el derecho a la nacionalidad y apatridia, y la segunda relativa a la situación de la comunidad LGTB en el país.

Las organizaciones Diversidad Dominicana, Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (ReVASA), Amigos Siempre Amigos (ASA), Gente Activa y Participativa (GayP), entre otras, acusaron al Estado dominicano de practicar la discriminación en su contra.