Santo Domingo, (Apunte.com.do).- El Ministerio de Administración Pública (MAP) despliega esfuerzos para la implementación de la Ley General de Salarios del sector público, inicialmente con el proceso de levantamiento de informaciones salariales y propuestas de escalas, asà como la elaboración de los reglamentos para los diferentes sectores.
Según el doctor Carlos Manzano, viceministro de Fortalecimiento Institucional del MAP, ya han sido contratados varios consultores internacionales, que colaborarán, entre otros aspectos con la definición de las polÃticas salariales para la PolicÃa Nacional y el sector salud.
“En ambos casos, junto con los expertos de la PolicÃa y del Ministerio de Salud Pública, está laborando un equipo integrado por personal del Ministerio de Administración Pública, quienes están trabajando con los estudios técnicos de base para el logro de dicho objetivoâ€, señaló el funcionario.
Asimismo, el doctor Manzano explicó que se prevé que toda la reglamentación de la Ley No. 105-13 esté lista en cuatro meses, mientras que el proceso de los reglamentos de polÃtica salarial para la PolicÃa Nacional y para las Fuerzas Armadas podrÃa extenderse por unos diez meses.
En cuanto a su ámbito de aplicación, el viceministro del MAP reiteró que la Ley General de Salarios debe abarcar a todos los diferentes organismos pertenecientes, tanto al Gobierno Central, como al sector descentralizado del Estado.
“La autonomÃa constitucional o legal, asà como el otorgamiento de personalidad jurÃdica propia y el establecimiento de autonomÃa administrativa, financiera y técnica no significa independencia plena, ni ausencia de coordinación, ya que dichos órganos están adscritos al sector de la Administración Publica compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector, en consonancia con el artÃculo 141 de la Constitución de la Republicaâ€, recordó el doctor Carlos Manzano.
El funcionario también hizo referencia, como parte de los fundamentos de la legislación la necesidad de corregir la ruptura de la jerarquÃa salarial, de regular lo relativo a conflictos de interés y de incompatibilidades, además de la conveniencia de clarificar y transparentar las retribuciones de los altos funcionarios, de transparentar las remuneraciones percibidas por todos los servidores públicos, sin importar su categorÃa de acuerdo a criterios objetivos y establecer la separación entre la esfera polÃtica y la selección y promoción del personal administrativo basado en el mérito.
