(CNN Español) - Una jueza de garantías juridiccionales de Ecuador rechazó la acción de protección requerida por la ciudadana franco-brasileña Manuela Picq, la profesora detenida durante una manifestación de indígenas contra el presidente Rafael Correa.

La defensa de Picq había solicitado a la Justicia de Ecuador que revocara la cancelación de la visa de la ciudadana extranjera.

Los abogados plantearon una acción de protección para solicitar la rehabilitación de la visa concedida a Picq el pasado 26 de agosto del 2014. Además, pedían que se brinde garantías para su permanencia en el Ecuador y unas disculpas públicas por parte del Estado, luego de que el lunes 17 de agosto la jueza Gloria Pinza no encontrara argumentos para deportar de Ecuador a la catedrática y dispusiera su liberación.

Juan Pablo Albán, abogado de Picq, dijo que "el Estado violó los derechos de Manuela Picq".

"La postura del Estado es que tenía la posibilidad de hacerlo porque estaba ejerciendo facultades discrecionales y estaba utilizando su soberanía estatal, olvidándose el Estado que la soberanía emana del pueblo, no radica en ellos como autoridades. Pero parece que la jueza cree que sí que esta es una potestad discrecional cualquiera que tiene el estado de atropellar a los extranjeros entonces ha rechazado la acción de protección", dijo Albán.

Según, el abogado se sienta un precedente "nefasto (...) porque significa que cualquier ciudadano extranjero que se encuentre en el Ecuador, más allá que la Constitución dice que tiene los mismos derechos de quienes somos ecuatorianos, en realidad se encuentra en un riesgo latente de ser expulsado en cualquier momentos sin necesidad de que las autoridades públicas tengan que dar una explicación".

Picq dijo que queda "en la indefensión" y con sus derechos constitucionales "muy vulnerados".

La profesora dijo estar sorprendida "porque la última corte nos dio la razón, hay muchas pruebas, la jueza negó la deportación, pidió una investigación de unos casos y en este caso ahora nos dicen que no hay ninguna violación de derechos humanos, ninguna violación de derechos constitucionales".

El líder opositor Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari y pareja de Picq, señaló que ahora hay un limbo jurídico. "Por un lado se deja sin efecto, se archiva la deportación; sin embargo por otro lado se mantiene la cancelación de la visa que era precisamente a donde atacábamos hoy".

"El problema de fondo es la cancelación de la visa de Manuela que debía darse en esta audiencia", dijo Pérez. "Podemos resumir este veredicto en dos palabras: usted tiene razón, pero le expulsamos del Ecuador".