Un alto porcentaje de los más de un millón de actos notariales que cada año se registran en el país contiene irregularidades y fraudes, reveló el Colegio Dominicano de Notarios.

Dijo que en más de 80 países donde ha sido implementado el papel notarial de seguridad, los delitos documentales han disminuido en más de un 95%.

El presidente del Colegio de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, ofreció la información luego de concluir una audiencia del Tribunal Constitucional, que conoció un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento para el uso del papel especial notarial de seguridad, presentado por la sociedad comercial Medina Garnes Abogados.

El recurso, que fue declarado en estado de fallo por el Tribunal Constitucional, fue defendido por Fabiola Medina y Jesús Francisco Rodríguez, y el reglamento del Colegio Dominicano de Notarios defendido por Boris de León Reyes y José Pérez Gómez, señala una nota de prensa.

Rodríguez Montero explicó que la hoja notarial especial garantizará la seguridad jurídica y la perpetua constancia de las mismas.

Indicó que será utilizado única y exclusivamente para hacer constar las actas, contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte, así como actuaciones señaladas en la ley que se sometan voluntariamente al conocimiento y decisión de la función notarial.

Rodríguez Montero explicó que en República Dominicana el papel especial de seguridad notarial es básico para la garantía jurídica y las inversiones privadas nacionales e internacionales.

Indicó que con la hoja notarial  se impedirán las falsificaciones, alteraciones, suplantaciones, fraudes y abusos de confianza, y que notarios sean procesados judicialmente.

Señaló que en la inmensa mayoría de los países, los colegios y asociaciones de notarios han implantado soportes de seguridad en los actos notariales, y que República Dominicana es de los pocos que no lo ha hecho.

El proyecto de reglamento para el uso del papel especial notarial de seguridad fue aprobado por el consejo directivo del Colegio de Notarios y ratificado a unanimidad por una asamblea general extraordinaria reglamentaria, celebrada en un hotel de la capital con la asistencia de más de 300 de sus miembros de la capital y el interior del país.