Santo Domingo, República Dominicana.- Una gran parte de las 27 mil personas privadas de libertad en las cárceles dominicanas y que no tengan condenas definitivas podrán votar en los comicios de mayor del 2016, informaron el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, quienes firmaron un acuerdo para permitirlo.
Según el acuerdo, la JCE proveerá a los recintos penitenciarios y a las fiscalías del país los equipos necesarios para la identificación de personas mediante el sistema biométrico. Específicamente, el organismo de elecciones proveerá todo el software para la actualización de la información biométrica en todos los centros de reclusión.
Domínguez Brito explicó que con la implementación del sistema biométrico para la identificación de personas en los diferentes recintos penitenciarios y las fiscalías, el país ha dado un paso trascendental en la lucha contra la criminalidad, que permitirá cerrar la brecha en cuanto a la multiplicidad de identidades de imputados y posibles infractores de las leyes.
Precisó que se trabaja en 17 cárceles en un proceso de toma de huellas, datos faciales y actas de nacimiento para poder tener total control de identidad de los reclusos y poder entregarles su cédula.
Rosario Márquez explicó que discutirán con los partidos políticos el mecanismo para la implementación del voto penitenciario, aunque aclaró que no están sujetos a consultar la medida con dichas organizaciones.
Indicó que el proyecto se comenzará a implementar de manera paulatina en los diferentes centros penitenciarios del país. Hasta el momento hay unos 12 mil reclusos preventivos que están depurados y que están en facultad de poder ejercer el sufragio.
“Es muy significativa la implementación de este proyecto, pues la mayoría de los que delinquen decían que no estaban fichados o que no tenían identificación”, dijo Rosario.
Señaló que de los casi 27.000 privados de libertad recluidos, en unos 12 mil se ha hecho el levantamiento de registro, que dijo consta de nombres y apellidos, reconocimiento facial y dactilar, así como identificación del parentesco familiar.
De igual modo, el acuerdo firmado entre la JCE y la Procuraduría permitirá depurar los sistemas judiciales en torno a los prevenidos, debido a que muchos de ellos ingresan con nombres falsos y cédulas de otros destinatarios.
También se podrá tener un control hasta de los infractores de tránsito y en los aeropuertos contribuirá a detener a las personas que enfrenten problemas con la ley.