Washington. Estados Unidos reiteró el jueves las denuncias sobre la violación sistemática de derechos humanos en Cuba mientras ambos gobiernos negocian desde diciembre la normalización de relaciones diplomáticas.

Al difundir su informe anual sobre el estado de los derechos humanos, el Departamento de Estado destacó a Venezuela como uno de los ejemplos emblemáticos de la relación entre corrupción, violaciones a los derechos humanos y gobiernos represivos, a la que calificó como una de las principales tendencias globales durante el último año.

Cuba y Venezuela son las únicas naciones del hemisferio a las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les mantiene seguimiento especial.
Estados Unidos también se refirió a Ecuador entre los principales referentes de países que cada vez bloquean más sitios web y redes sociales, asegurando que ese país sudamericano emplea leyes de protección intelectual para identificar sitios web críticos al Gobierno.

El informe dijo que en Cuba, donde Washington espera abrir este año una embajada por primera vez en medio siglo, el Gobierno alcanzó con casi 9,000 la mayor cantidad de integrantes de la sociedad civil sometidos arrestos temporales y arbitrarios durante los últimos cinco años.

El documento señaló que el Gobierno cubano continúa bloqueando el acceso de sus ciudadanos a internet, aunque mencionó la posibilidad de que el acceso aumente en el futuro a raíz de que La Habana expresara que consideraría expandir la inversión de telecomunicaciones en la isla.

Sobre Venezuela, Estados Unidos denunció que fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales violaron derechos humanos de manifestantes en varias ciudades de país, entre febrero y mayo de 2014.

El documento registró denuncias del uso de la fuerza para disolver las protestas, detenciones arbitrarias y tortura. 

Dice hay discriminación contra haitianos 

Estados Unidos denunció la “discriminación” contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana como la violación “más grave” de derechos humanos en ese país en 2014.

El documento señala la polémica sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.