Una licitación internacional convocada por el CEA para construir 164,160 metros cuadrados de invernaderos genera dudas por presuntas irregularidades. Seis de las siete empresas que licitaron se quejan del procedimiento que benefició a la portuguesa Estufas Minho, con su representante local HVAV Ingeniería e Instalaciones SRL. El director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, aparece firmando el acta de la reunión del Comité de Compras y Contrataciones, cuatro días antes de su nombramiento en una reunión en la que no estuvo presente. 

El campo dominicano se encuentra a la expectativa de lo que significa la llamada “reconversión” agrícola anunciada por la gestión de Danilo Medina, lo que incluye en una primera etapa  la construcción de infraestructuras de invernadero en más de medio millón de metros cuadrados. Pero también afloran las dudas y se agitan los nervios por causa de lo que algunos consideran demasiada prisa y muy poca transparencia del Gobierno, según  una publicación de Edwin Ruíz, de La Lupa Sin Trabas.

La publicación expone que en un encuentro de productores, en San Juan de la Maguana, realizado en la noche del 9 de este mes, las preguntas que flotaban en el ambiente eran: ¿cómo se transferirán esos invernaderos?, ¿por qué no se ha consultado a los productores? y ¿cómo se pondrán en operación sin antes desarrollar un programa de entrenamiento? Las suspicacias son alimentadas por los recuerdos de escándalos pasados y por los malos ejemplos del presente, 


En medio de acusaciones de corrupción, y denuncias de irregularidades en las asignaciones de parte esas obras y sobrevaloración de sus costos, la producción de invernaderos en República Dominicana se inició en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004). Bajo esa administración, Agricultura adquirió 220 unidades por US$26.9 millones para ser distribuidas a productores a los que el Banco Agrícola les financiaría. Por los errores del pasado, el 70% de los productores que en ese entonces los adquirieron en buena lid no ha podido saldar la deuda concertada con el Banco Agrícola, afirma José Miguel de Peña, presidente del Clúster de Invernaderos.

De nuevo surgen las denuncias de irregularidades, pero esta vez en un proyecto del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En mayo pasado, la institución gubernamental convocó a la licitación pública internacional, marcada con el código CEA-LP-001-2013 para “el suministro e instalación de 164,160 metros cuadrados de Estructuras para la Producción Agrícola Hortícola Intensiva”.

Pero de las sietes empresas que participaron, seis (españolas) impugnan los resultados de la licitación, que beneficiaron a la portuguesa Estufas Minho y a su representante local, HVAV Ingeniería e Instalaciones SRL.  Consideran los motivos con los que el CEA desestimó sus respectivas propuestas como “arbitrarios e infundados”, y dicen que “denotan mala fe”.

En carta fechada el 16 de julio enviada al Instituto Español de Comercio y a la Oficina Comercial de España en Santo Domingo,  las empresas Novedades Agrícolas, Invernaderos e Ingeniería, S.A, y Rutepa Tecnoagro solicitan el apoyo del Gobierno español para  que se cancele la licitación. Alegan que Estufas Minho “no es referencia tecnológica” en el sector y agregan que su propuesta es “más cara que la oferta mayor presentada por el resto de licitantes”.

En los tres días siguientes, el 19 de julio, el presidente Medina destituyó al director, y mediante el decreto 2010-13 nombró en el puesto a José Joaquín Domínguez Peña.

Pero sucede algo extraño. José Joaquín Domínguez Peña, como director ejecutivo del CEA, aparece firmando el acta de la reunión del Comité de Compras y Contrataciones de esa institución, realizada cuatro días antes de su nombramiento, en la que no estuvo presente. En esa reunión presidida por Enrique Martínez, antes de ser destituido, se desestimaron las impugnaciones a los resultados de la licitación presentadas por las empresas Novedades Agrícolas e Inkoa Sistemas, y las solicitudes de revisión de propuestas sometidas por las compañías Invernaderos e Ingeniería, Suministro Hortícola del Caribe y Globaltec Desarrollo e Ingeniería “contra el proceso de licitación pública internacional No. CEA-LP-001-2013”.

Eusebio Guzmán, director del Promefrin, dice que a los invernaderos instalados en Matanzas, Baní, “no les ha ido muy bien”.
Eusebio Guzmán, director del Promefrin, dice que a los invernaderos instalados en Matanzas, Baní, “no les ha ido muy bien”.
Para aclarar algunos puntos sobre esa licitación, representantes locales de las empresas firmantes de la carta del 16 de julio solicitaron una reunión al nuevo director del CEA, que debió realizarse a las 9:00 de la mañana del 8 de agosto pasado, tal como fue prevista. Estuvieron a la hora acordada en el antedespacho del director, pero el funcionario comunicó a través de su asistente, que regresaba desde el interior del país, y reprogramó la reunión para las 11:00 de la mañana de ese mismo día. Sin embargo, una vez que llegó a su oficina, no los recibió.

Se supone que el órgano del Gobierno especializado en los proyectos sobre invernaderos es el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin), del Ministerio de Agricultura. Su titular, Eusebio Guzmán, informa que desde el CEA se le solicitó que fueran a observar el proyecto. “Querían que nosotros fuéramos, porque tenían todo el muñeco hecho. Si el muñeco está hecho, yo no tengo nada que hacer”.

Y agrega: “El caso del CEA, fue una situación aparentemente de ese director que estaba. Decidió hacer un proyecto prácticamente a solas, no consultó al Ministerio de Agricultura para nada. Quizás no tenían mucha transparencia todas las operaciones que se hicieron ahí”.

La reconversión agrícola. En su programa de gobierno, Medina promete “implementar un programa de financiamiento de invernaderos individuales y colectivos para los productores de café y de cacao, a fin de que participen en la producción y exportación de vegetales frescos y puedan mejorar sus ingresos”.

Por su dimensión, ese programa recuerda los planes de la Secretaría de Agricultura bajo el gobierno de Hipólito Mejía y la asociación provoca malos recuerdos a algunos.

También, en el Plan Plurianual del Sector Público 2013-2016 se incluye la meta de instalar en La Vega 67,000 metros cuadrados de infraestructuras de invernaderos.

Pero en febrero de 2013, el presidente Danilo Medina anunció metas más ambiciosas en un Plan de Reconversión Agrícola del Valle de San Juan, donde se invertirían US$312 millones en la construcción de 100 invernaderos de 5,000 metros cuadrados cada uno,  lo que se supone beneficiaría a unos 30 mil productores de la zona.

Sin embargo, lo que preocupa a los agricultores que se reunieron el viernes 8 de agosto en el local de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana es que el Ministerio de Agricultura convocó el 7 de julio de 2013 la Licitación Pública LPN-MA-09-2013, para la construcción de diez Módulos de 52,520 metros cuadrados, divididos en naves de invernaderos con un mínimo de 5,252 metros cuadrados.

El agricultor Manuel Matos Pérez afirma que en San Juan hay 23,000 productores y que la región cuenta con 257 millones de metros cuadrados bajo el sistema de riego. En ese contexto, en que las naves de invernaderos que construirá el Gobierno apenas ascenderán a 100 unidades, Matos Pérez se pregunta sobre la suerte de los restantes 22,900 productores que practican la agricultura convencional en el resto del territorio agrícola.

“Se comienza por el final”(…) “a los agricultores de San Juan no se les ha consultado”, dice, y que no se han creado las bases para que el productor tenga la posibilidad de adentrarse en ese sistema y “acumule una serie de experiencias que le garanticen ser exitoso”. “Aquí no hay experiencia para usar los invernaderos”, afirma.

Establece un paralelismo con la experiencia de 2004: “Me atrevo a apostar que el 70% de los que recibieron esos invernaderos, en su primera etapa fracasaron. Es más, el 80% está registrado en el Cicla (buró de crédito), en el Banco Agrícola, porque no pudieron pagar. Esa es la realidad, y muchos tuvieron que traspasarlos a otros”.

César Ventura Paniagua, presidente del Consejo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), afirma que aunque hay que abrirse a los cambios tecnológicos “porque son muy importantes”, “no se puede traer cambios muy grandes, cuando los agricultores no están preparados para eso”.  â€œHay que preparar al agricultor”, insiste.

Agrega, además, que esos cambios conllevan un compromiso económico muy grande. Se estima que los invernaderos de San Juan de la Maguana tendrán un costo de RD$9 millones, debido a que se le añade parte del prorrateo de la inversión de una planta de acopio y empaque.

Ventura Paniagua, un productor de mango de Juan Herrera, en San Juan, y desde hace más de 20 años miembro de la JAD, dice que ese proyecto compromete al agricultor con una actividad que tiene muchas variables que no se controlan, “por lo que puede fracasar”. “Hay que tener mucho cuidado con introducir cambios que conlleven un peso económico muy grande para el agricultor”, aconseja.

José Miguel de Peña, presidente del Clúster de Invernaderos, considera que el proyecto “no se ha socializado” en San Juan. El proyecto está formado por alta tecnología, obligando a los agricultores a formar diez cooperativas, para que cada una maneje 52,500 mil metros cuadrados y “el ministro de Agricultura quiere que en diez meses estén sembrados los invernaderos”.

“El principal insumo es el ser humano, ¿y cómo vamos a formar diez cooperativas para que estén funcionando en diez meses?”.

DSC_0876Dispersión. Miguel de Peña se queja de que en el país unas 38 instituciones intervienen en el sector de los invernaderos, lo que obstaculiza la ejecución de los proyectos y la aplicación de políticas en el sector. Pone como ejemplo a la Junta Monetaria, que aplica normas prudenciales que encarecen y dificultan el financiamiento para esta actividad.

Eusebio Guzmán, de Promefrin, lo explica de la siguiente manera: esas normas le dan un carácter “monovalente” a la propiedad agraria, lo que significa que de acuerdo con la Junta Monetaria, solo sirven para sembrar. De este modo se afecta la garantía prendaria, lo que encarece el crédito.

De Peña pone como ejemplo que el Banco Nacional de la Vivienda y Fomento de la Producción (BNV) contrajo una línea de crédito por US$50 millones con el Deutsche Bank para su programa de financiamiento a proyectos de invernaderos.

Sin embargo, el único préstamo que el BNV pudo otorgar fue por US$7 millones a la Corporación de Zonas Francas de Baní, en Matanzas, para la construcción de 13 naves en 141,000 metros cuadrados. El proyecto se ejecutó con el objetivo de producir y exportar ají morrón hacia Estados Unidos. Pero después de eso, el BNV no ha financiado otro proyecto.

A los invernaderos de la Corporación de Zona Franca Banileja “no le ha ido muy bien por el efecto del clima”, que cerca del mar es muy caluroso, afirma Eusebio Guzmán. “De una cosecha de 2.3 millones de libras, creo que 700 mil libras salieron de exportación, y como un millón y medio de libras tuvieron que irse al mercado local”, afirma el director de Promefrin.

La rentabilidad de un invernadero reside en exportar, porque así el productor consigue un precio tres veces mayor que el que obtiene en el mercado local, estima José Miguel de Peña. El director del Clúster de Invernaderos informa que la calidad exportable del país (proporción de la exportación sobre la producción) es de un 40%, cuando en otros países es de un 90%.

Pero desde su surgimiento en el país a partir de 2004, el sector de los invernaderos se ha disparado como un cohete hacia la luna. Hasta 2012, el crecimiento de metros cuadrados en esos nueve años es de 2,136%, y el crecimiento de la producción, de 2,515%. Por esta razón, mientras en 2004 el país solo exportó US$3.3 millones, en 2012 esta cifra superó los US$73 millones.

Dificultades. Ese auge ha sido obras de emprendedores, que al construir en el lugar adecuado y gerenciar correctamente el proyecto, han sorteado dificultades que parecían infranqueables, como la falta de carreteras, la deficiencia en el servicio eléctrico, la inexistencia de financiamiento bancario, y la escasa asesoría técnica.

Uno de esos emprendedores es Johnny Jova, un hombre de unos 40 años.  Hace tres años se asoció con su padre y con seis hermanos y construyó en Rancho Arriba, su tierra natal, un invernadero de 6,500 metros cuadrados con palos de maderas. Ha ido ampliando su infraestructura, y con un financiamiento del Banco Agrícola construye su tercera nave de 25 mil metros cuadrados, mucho más moderna, lo que le permitirá sembrar en un área total bajo ambiente protegido de 44,500 metros cuadrados, que conforman su negocio “Invernadero Jova”. Produce tomate para el mercado local y ají morrón para el mercado de Estados Unidos. Confiesa que al principio no sabía nada sobre invernaderos, pero que lo que lo motivó a invertir fue “la tranquilidad”.

Otro joven emprendedor es José Rodríguez, dueño de invernaderos JR. Unos años atrás fue enviado a Rancho Arriba por la empresa en donde trabaja, que se especializa en la instalación de sistemas de riego. “Me enviaron aquí a hacer un trabajo a Café Santo Domingo, y me gustó el ambiente”, cuenta.

Entonces, con el apoyo de la empresa en que trabaja, que le financió el 60% de la estructura de invernadero, y utilizando la herencia que le dejó su padre, comenzó con 10 mil metros cuadrados. Sus naves –en las que tiene invertido RD$27 millones– son totalmente automatizadas, por lo que para el cuidado del cultivo no necesita de “la mano del hombre”. Produce ají morrón y exporta a Canadá el 95% de su producción, a lo que contribuye que sus instalaciones están certificadas por la FDA de Estados Unidos.

Sorprende la organización de sus invernaderos. Todo en orden, limpio, con baños y comedor para los 48 empleados, una oficina de administración  y una “sala de máquinas”, donde están los equipos digitales y los tanques con las sustancias que fertilizan y alimentan cultivos que al año le representan ingresos por más de RD$15 millones. “Los riesgos son muchos”, pero también es “sumamente rentable”, dice