En la República Dominicana no cesan las injusticias, patrocinadas por quienes tienen poder de acabarla. Se dan en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo como punto común, que siempre benefician a quienes tienen más poder político, judicial, económico o de cualquier otra naturaleza.

No hace pocos días, el país fue testigo de uno de esos casos, con la triste sentencia en favor del senador Félix Bautista, de parte del juez de la Suprema Corte de Justicia, doctor Alejandro Moscoso Segarra, quien lo dejó libre de los graves cargos de corrupción que pesaban en su contra, sucediendo otra decisión igual en favor del alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón.

En ambos casos, ocurrieron protestas populares, en varios puntos del país que en nada cambiaron estas decisiones.

El Ministerio Público apeló las dos decisiones, pero de seguro que será la crónica de una muerte anunciada como la famosa novela de Gabriel García Márquez, publicada en 1981.

Otro caso que puso sobre el tapete las grandes injusticias en el país, fue la decisión abusiva de los jueces del Tribunal Constitucional y Superior Electoral de aumentarse el sueldo, de por sí muy elevado, sin que ninguna autoridad competente dijera, ni esta boca es mía.

Un verdadero acto de injusticia, si tomamos en cuenta que un 80 por ciento la clase trabajadora del país (militares, policías y el resto de la población), ganan mísero salarios de 10 mil pesos mensuales, según datos de organismos especializados.

Y mientras los jueces se elevaron sus sueldos de manera antojadiza y abusiva, desde esferas gubernamentales nada hacen para cambiar la suerte de los empleados públicos y privados.

Ni siquiera el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien en varias ocasiones ha dicho no explicarse cómo los trabajadores pueden vivir con 10 mil pesos al mes, y en el Presupuesto de este año se negó a incluir un aumento, para ese importante sector que mueve la economía nacional.

Es que, el Presidente de la República también está incluido entre quienes son patrocinadores de las injusticias en la República Dominicana, y que nada hacen por cambilarlas.

No podemos entender por qué un Gobierno que se dice popular, no puede abogar por la aplicación de una correcta Justicia, el combate contra la corrupción en todas sus manifestaciones y defender los que menos tienen.