Camino a cuatro meses del hecho, se desconocen las gestiones del Ministerio Público en el caso del cura de Polonia acusado de haber violado al menos 14 menores en el Distrito Municipal de Juncalito, de Santiago, al que al parecer se lo ‘’tragó la tierra’’.

Se recuerda que este hecho impactó a la sociedad dominicana, y para facilitar las investigaciones y en pruebas de su interés en que impere la justicia, la propia Iglesia Católica dispuso la suspensión de sus funciones sacerdotales del presbítero polaco Wojciech Gil Alberto.

“En el Arzobispado de Santiago hemos recibido la comunicación del Superior de la Delegación del Caribe de los Padres Miguelitas, en nombre de la Congregación San Miguel Arcángel, en la que se nos comunica que el presbítero Wojciech Gil Alberto queda suspendido de sus funciones sacerdotales”, señala un comunicación del Arzobispado emitido a raíz del caso.

Sin embargo, con el paso del tiempo este hecho ha ido quedando en el olvido, siendo manejado en un manto de misterio por las autoridades que dan la impresión que no tienen interés en que el mismo sea resuelto.

Usando probablemente un nombre y documentos falsos, el sacerdote Wojciech Alberto Gil logró logró abandonar el país, para evitar ser sometido a la Justicia por este bochornoso caso.

Y debido a que entre la República Dominicana y Polonia no existe un tratado de extradición, el Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, prometió en esa ocasión usar cuantos recursos estuvieran a su disposición, a fin de solicitar la declaración de estado de rebeldía del imputado en los tribunales dominicanos, lo que facilitaría que Alberto Gil sea enviado al país, para que responda por los cargos que se les atribuyen, pero su actitud ha sido la de guardar silencio.

También, tras el surgimiento del caso, la Fiscalía de Santiago dijo que se encontraba a la espera de una certificación por parte de la Dirección General de Migración sobre la salida y no retorno del sacerdote, pero de estos esfuerzos nada se sabe, extrañamente camino a cuatro meses de haberse producido la solicitud.

Entre sectores nacionales existe la sospecho de que las autoridades ‘’esconden algo”, debido al viejo y popular refrán de que quien calla otorga.

Consideran que lo más conveniente sería que las autoridades en este caso el máximo representante del Ministerio Público, doctor Francisco Domínguez Brito ofrezca una explicación convincente sobre el caso del sacerdote Wojciech Alberto Gil, o que definitivamente anuncie la incompetencia del país para lograr su retorno al país parar ser sancionado por los hechos que se les imputan.