New York.- Organizaciones politicas insistieron en la reapertura de las oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior, ya que la medida adoptada por dicha institución coarta los derechos civiles y ciudadano de los dominicanos .
Alianza PaÃs, Frente Amplio, Alianza Por la Democracia,Fuerza por la Revolución y Frente Febrerista, en un comunicado, sostienen, que es preocupante que se mantenga esa situación ya que muchas personas que necesitan los servicios de la oficilÃa civil, en particular, los miles de inmigrantes dominicanos que podrÃan beneficiarse de una posible reforma migratoria .
Sostienen que el cierre de las oficinas de la JCE, acarrea serios incovenientes para la comunidad tener acceso a los documentos civiles básicos, tales como, acta de nacimiento, renovación de cédulas, declaraciones de niños nacidos en este paÃs, actas de matrimonio y de defunción, en adicción a la organización del voto del dominicano en el exterior .
El pasado año el Pleno de la Junta Central Electoral dispuso el cierre de sus oficinas de servicios en 19, ciudades del exterior, incluyendo Nueva York, Miami y Puerto Rico .
Indican las organizaciones politicas que el estado dominicano tiene el ineludible deber de protección a todas las personas que están bajo su jurisdicción conforme a los tratados internacionales de los derechos humanos .
Sin embargo, explican, que el estado dominicano representado por diferentes gobiernos no ha reconocido la comunidad dominicana como parte de la nación y no ha cumplido con sus responsabilidades en término de promover el bienestar y la seguridad económica .
Agregan que ese estado no ha garantizado el acceso al disfrute de los beneficios, derechos y protecciones conferidos en las leyes y la constitución del paÃs a los dominicanos (as) independiente de donde residan .
Destacan los aportes económicos, polÃticos y culturales que la comunidad dominicana en el exterior brinda a la nación, de manera particular el envio de remesas ascendentes a unos $ 3,131 millones de dólares el pasado año, contribuyendo a financiar más del 39 % por ciento de los gastos del gobierno .
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