El Tribunal Constitucional estableció este martes, mediante sentencia, que la Dirección General de Compras y contrataciones Públicas “carece de competencia” para conocer un recurso jerárquico en contra de las actuaciones de la Junta Central Electoral (JCE).
Con el fallo la alta corte establece la supremacía de la JCE para actuar con sus asuntos administrativos.
A través de la sentencia 0305-14, el tribunal acogió el recurso interpuesto por el presidente del tribunal, Roberto Rosario, contra el Poder Ejecutivo, que actúa a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
En ese sentido, declaró que “el control interno de la actuación administrativa y financiera constituye una competencia accesoria de la Junta Central Electoral, la cual forma parte indisoluble de la autonomía e independencia que le otorga el artículo 212 de la Constitución”.
