Santo Domingo, 11 nov (EFE).- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, declaró hoy que el caso del presunto desfalco cometido por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Héctor Rodríguez Pimentel y un grupo de exempleados de esa entidad estatal, está "empantanado" en el sistema de justicia, tras indicar que el viernes pasado se produjo una nueva suspensión del caso.
"A más de dos años de la Procuraduría General haber presentado acusación y requerimiento de apertura a juicio por hechos gravísimos de corrupción en contra de los imputados Héctor Rodríguez Pimentel, Príamo Méndez Cuesta, Manuel de la Cruz Martínez, José Antonio Pérez Jiménez, Fior D'Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz, implicados en una malversación de fondos multimillonarios en perjuicio del Indrhi y el Estado dominicano, el caso se encuentra estancado y aun en una etapa preliminar", manifestó Guerrero Pelletier en nota de prensa.
El conocimiento de la audiencia preliminar del caso, cuyo desfalco envuelve un monto de más 1.500 millones de pesos y más de 56 millones de dólares, es responsabilidad del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, produciéndose hasta la fecha más de 25 reenvíos, se lamentó la funcionaria.
El Ministerio Público atribuye a Rodríguez Pimentel y a los demás imputados la violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que consagran la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa, así como la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la ley 340 sobre compras y contrataciones del Estado.
"Tan alarmante retardo se debe a los constantes incidentes propuestos por las defensas de los imputados tendentes a obtener una suspensión tras otra, los cuales son acogidos, a pesar de la oposición permanente del Ministerio Público a cargo", se quejó la funcionaria.
Agregó, que "los abogados e imputados han incidentado con solicitudes de extinción de proceso, de inhibición de jueces, de recusación del juez, de ausencias de las defensas, ausencias de los imputados, presentación de certificados médicos, presentación de recursos de casación, revisión, todo esto con la clara y marcada intención de dilatar y retardar el proceso, con miras a obtener una declaratoria de extinción por duración máxima del proceso", sostuvo la representante del Ministerio Público.
Destacó que es interés de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, en este, y en todo caso en que esté afectado el patrimonio público, el procurar una respuesta procesal ágil y oportuna de cara a la transparencia y eficiencia que debe primar en el combate a la corrupción administrativa en el país.EFE