APUNTE.COM.DO.- Alina López Miyares, una maestra cubanoestadounidense de 68 años que estuvo privada de libertad en Cuba durante casi una década, volvió a territorio estadounidense en septiembre de 2026. Un equipo del Gobierno de Estados Unidos se trasladó de manera discreta a La Habana para acompañarla en su retorno al país, según informó CNN el 20 de noviembre, citando a dos fuentes con conocimiento del caso y a un portavoz del Departamento de Estado.
De acuerdo con CNN y el portavoz oficial, el Gobierno estadounidense no efectuó pagos ni concretó ningún tipo de intercambio con Cuba para obtener la liberación de López Miyares. “Celebramos el regreso de Alina López a Estados Unidos en septiembre. No hubo ningún intercambio para su liberación. Por respeto a su privacidad, no tenemos más comentarios por el momento”, manifestó el portavoz del Departamento de Estado.
López Miyares nació en Cuba, pero abandonó la isla siendo niña. Con los años obtuvo la ciudadanía estadounidense y se radicó en Miami, donde se desempeñó como maestra de educación especial. Su caso atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos y de legisladores debido a las circunstancias de su arresto.
Según sus defensores, fue su entonces esposo —de quien se encontraba separada y a quien señalan como agente del espionaje cubano— quien la atrajo a Cuba en 2017. Ya en la isla, las autoridades cubanas la detuvieron el 15 de enero de 2017 en el aeropuerto de La Habana, cuando trataba de tomar su vuelo de regreso a Estados Unidos.
Cuba acusó a López Miyares de haber entregado información al Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre agentes cubanos en territorio estadounidense. En octubre de 2017, tras un juicio sumario celebrado a puertas cerradas, un tribunal militar cubano la condenó a 13 años de prisión. A su esposo le impuso una pena de 16 años.
El proceso judicial, del que no trascendieron detalles públicos en su momento, fue calificado por sus defensores como opaco y carente de las garantías procesales mínimas. CNN indicó que el equipo legal de López, conformado por los abogados Jason Poblete y Dylan Barket, declinó hacer comentarios sobre el caso y solicitó privacidad para su clienta.
En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen en el que declaró que la detención de López Miyares era arbitraria y pidió su liberación inmediata. Ese mismo año, el tribunal militar cubano le otorgó una libertad condicional por su buen comportamiento, su hipertensión arterial crónica y lo que la resolución describió como “principios elementales de humanismo”.
No obstante, la orden judicial le impidió salir de Cuba y obtener un pasaporte hasta 2030, fecha en que habría vencido su condena original. Su familia informó que, a finales de 2023, fue trasladada a un lugar no revelado y quedó nuevamente bajo custodia.
Los años de detención tuvieron consecuencias directas sobre la salud de López Miyares y sobre su entorno más cercano. Michael Peralta, hijo de López, declaró en marzo de 2026 a CNN que su madre enfrentaba problemas de salud importantes que posiblemente requerían una cirugía. La situación, dijo, generaba “mucha tensión emocional y mental” en la familia.
Peralta también describió el deterioro que sufrieron sus abuelos maternos durante los años de detención. “Mi abuela, mientras vivía, visitaba a mi madre una vez al mes por su cuenta, llevándole comida y medicamentos. Estoy bastante seguro de que su deterioro se aceleró debido al estrés y a la angustia emocional que sufría”, señaló en declaraciones recogidas por el mismo medio.
López no pudo asistir a los funerales de sus padres durante los años que permaneció en la isla.
Un funcionario del Departamento de Estado reveló en marzo de 2026 que la administración de Donald Trump había planteado el caso de López Miyares ante autoridades cubanas y abogado por su liberación por razones humanitarias. No quedó claro a qué nivel jerárquico se desarrollaron esas gestiones.
De acuerdo con CNN, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó los esfuerzos para lograr la libertad de López Miyares. Rubio encabeza la estrategia de presión de la administración Trump hacia el gobierno de La Habana, que incluye sanciones y el bloqueo de envíos de petróleo. Esas medidas han agravado la ya deteriorada situación económica y energética de la isla, con cortes de electricidad que se extendieron durante meses.
Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X. “Bienvenida a casa, Alina López Miyares. Tras casi una década de detención arbitraria por parte del corrupto régimen cubano —y sin que se hayan hecho concesiones ni canjes de prisioneros—, por fin ha regresado a suelo estadounidense. Nunca dejaremos de luchar por nuestros ciudadanos injustamente retenidos en el extranjero”, escribió.