APUNTE.COM.DO.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Boston a un dominicano indocumentado identificado como Manuel Alejandro Peña, de 34 años, quien había quedado en libertad luego de cumplir una condena de nueve años por allanamiento de morada y agresión con un arma peligrosa que provocó lesiones corporales.
La detención se produjo la semana pasada durante operativos selectivos de la agencia, después de que Peña saliera de la cárcel del condado de Worcester, en Massachusetts. Los delitos por los que fue condenado ocurrieron en 2017, y el hombre había sido trasladado a ese centro penitenciario desde otra prisión del mismo estado.
De acuerdo con ArcaMax, que cita al Boston Herald, Peña también fue condenado por abandonar el lugar de un incidente en el que se registraron daños a la propiedad, y tiene cargos pendientes por agredir a un empleado de un centro penitenciario con una sustancia corporal.
Un juez de inmigración había ordenado el año pasado la deportación de Peña, tomando como base su condena por un delito grave.
La oficina de ICE en Boston sostuvo que la Oficina del Alguacil del condado de Worcester no informó a la agencia sobre la liberación de Peña, y atribuyó esa falta de aviso a la Ley PROTECT, promulgada en agosto por la gobernadora demócrata Maura Healey.
“A pesar de tener una orden de expulsión, Peña fue liberado de la custodia estatal sin que ICE fuera notificado debido a la Ley PROTECT de Massachusetts”, escribió la agencia en X.
“@EROBoston lo localizó, lo detuvo e hizo lo que los políticos partidarios de las ‘ciudades santuario’ en Massachusetts se niegan a hacer: mantener a los extranjeros delincuentes peligrosos fuera de las calles y proteger a las comunidades locales”, agregó la entidad.
La Ley PROTECT, aprobada el pasado 5 de agosto, impone restricciones a la cooperación entre las autoridades estatales y locales y las agencias federales de inmigración, con la finalidad de reforzar las garantías constitucionales y resguardar los derechos de los residentes del estado.
Entre sus puntos, la norma prohíbe que las autoridades retengan a una persona solamente por una solicitud civil de detención emitida por ICE cuando esa persona ya tiene derecho a ser liberada. También restringe el intercambio de información sobre individuos bajo custodia, incluidos los avisos previos a la liberación, aunque prevé excepciones para ciertos delitos graves.