APUNTE.COM.DO.- Un tribunal de Honduras declaró culpables este viernes a tres ciudadanos estadounidenses y a un hondureño por captar mujeres para servicios sexuales, una trama que salió a la luz a raíz del sonado caso de una joven desaparecida desde 2022, según informó la fiscalía.

Angie Peña, una universitaria de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática desde la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, en un episodio que conmocionó al país. El vehículo y algunas de sus pertenencias fueron localizados en un cayo de Belice.

En un primer momento, la policía aseguró que la joven se había ahogado, pero sus familiares exigieron una investigación ante las sospechas de que había sido raptada.

Testigos que declararon bajo protección señalaron que la mujer cayó en una red de trata, lo que llevó a las autoridades a detener a uno de los tres estadounidenses y a desarticular la organización.

La fiscalía consideró que entre las víctimas había menores de edad.

«El Ministerio Público (fiscalía) obtuvo un fallo de culpabilidad contra cuatro integrantes de la estructura denominada 'Delta Teams' por el delito de asociación para delinquir», indicó el organismo en su cuenta de X.

De acuerdo con la acusación, los estadounidenses Harold Green, William Murdock y Gary Lee Johnston, junto con el hondureño Ramón Trejo, operaban para «localizar, captar y trasladar mujeres por medio de redes sociales». Las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a los inculpados y a los clientes de un bar que era de su propiedad.

La fiscalía anunció que solicitará la pena máxima de 10 años de prisión en una audiencia fijada para el próximo 9 de diciembre.

Dos de los estadounidenses fueron absueltos por falta de pruebas que los vincularan con la desaparición de Peña.

«Nos decían que fue un accidente; todo estaba coludido con el crimen organizado», declaró a la AFP Yenely Díaz, tía de la joven, quien sostuvo que «desde un inicio» la investigación fue «mala».

Según la fiscalía, la estructura criminal contaba con la protección de funcionarios hondureños, entre ellos policías y un juez «quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos».

Organizaciones feministas denuncian que este caso ejemplifica la desprotección de las mujeres en Honduras, el país con la mayor tasa de feminicidios de Latinoamérica, con 4,3 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Cepal.