APUNTE.COM.DO.- La ausencia de información sobre las puntuaciones obtenidas y los criterios que llevaron a la exclusión de participantes en el concurso interno para elegir a los titulares de 38 dependencias del Ministerio Público ha causado descontento entre fiscales y procuradores, quienes dudan de la transparencia del proceso y exigen explicaciones sobre la evaluación de sus expedientes.

Los miembros de la carrera que no pasaron a la fase de entrevistas afirman que, si bien se les notificó que sus postulaciones no superaron las etapas de evaluación del historial laboral, formación académica y habilidades blandas, no saben cuántos puntos obtuvieron en cada componente, qué aspectos influyeron en su calificación ni las razones concretas por las que quedaron fuera de la selección.

“Yo no reclamo que me hayan descartado. Lo que quiero saber es dónde fue que yo fallé y dónde tengo que mejorar. Según las bases del concurso, yo iba a tener una calificación antes de que se convocara a las entrevistas, pero me descartan y ya están convocando a las entrevistas”, expresó uno de los magistrados consultados, quien pidió reservar su identidad.

El cuestionamiento no se limita a las decisiones de la comisión evaluadora, sino también a la falta de información que permita a los concursantes conocer cómo se ponderaron sus méritos profesionales y ejercer de manera efectiva su derecho a pedir una revisión.

La situación queda documentada en varias comunicaciones personales revisadas para esta publicación, enviadas a participantes del concurso y encabezadas con “Señor (a)”, seguido del nombre del aplicante y luego la fórmula genérica “Distinguido (a) Magistrado (a)”, sin identificar por nombre y género a los destinatarios.Carta enviada al Ministerio Publico

En los documentos, la Comisión Evaluadora informa que “luego de concluir la valoración del historial laboral, las acreditaciones académicas y la prueba de habilidades blandas, las postulaciones no alcanzaron avanzar a la etapa de entrevistas ante el Consejo Superior del Ministerio Público”.

No obstante, las comunicaciones no incluyen el desglose de las puntuaciones, no señalan los criterios en los que los participantes obtuvieron menores calificaciones ni explican las razones particulares de su exclusión.

“¿En qué fallé? ¿Qué habilidad blanda no tengo para dirigir?”, preguntó otro de los magistrados consultados, quien aseguró que ha ocupado diversas posiciones, no ha recibido sanciones disciplinarias y cuenta con formación académica de posgrado, además de publicaciones en medios de comunicación.

Los participantes explicaron que han desarrollado una trayectoria profesional dentro de la institución. Además, otros méritos como publicaciones, preparación académica y posiciones ocupadas dentro de la institución, que según las bases del concurso forman parte de los elementos que pueden ser ponderados en la evaluación del historial laboral.

A su juicio, la falta de explicaciones les impide saber si su experiencia, preparación académica y competencias fueron valoradas conforme a los parámetros establecidos.

Sin información para solicitar revisión

Uno de los principales cuestionamientos de los participantes es que las notificaciones recibidas tampoco les explican cómo ejercer el mecanismo de revisión previsto en las propias bases del concurso, ni en la página del ministerio público existe ese apartado donde se pueda ejercer ese derecho.

El documento establece que, una vez completadas todas las fases, los participantes deberán recibir una notificación directa con el puntaje obtenido. Asimismo, contempla un plazo de cinco días hábiles para solicitar la revisión de la decisión sobre sus postulaciones ante el Consejo Superior del Ministerio Público, a través de la Secretaría de ese órgano.

Sin embargo, los magistrados consultados sostienen que conocer únicamente que no avanzaron a la entrevista, sin recibir las puntuaciones ni las razones particulares de la decisión, los coloca en una situación de incertidumbre al momento de fundamentar una eventual reconsideración.

“Si mi expediente valía 25 puntos, pero usted me puso 19, explíqueme por qué. Si me faltó determinada experiencia, dígame dónde perdí los puntos. Yo puedo reconocerlo, pero necesito saber qué fue lo que se evaluó”, manifestó otro de los fiscales.

El reclamo también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los principios de motivación, transparencia y objetividad que deben orientar las actuaciones administrativas.

La Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 6 el deber de las instituciones públicas de motivar adecuadamente sus resoluciones administrativas. Mientras que el artículo 9, en su párrafo II, dispone que la motivación constituye un requisito de validez de los actos administrativos que se pronuncien sobre derechos o tengan un contenido discrecional.

Por su parte, la Ley 41-08 de Función Pública reconoce la carrera del Ministerio Público como una carrera administrativa especial, cuyo régimen debe desarrollarse mediante sus disposiciones específicas.

En ese contexto, los cuestionamientos de los participantes se concentran en la necesidad de que las decisiones del concurso puedan ser conocidas, verificadas y revisadas a partir de criterios objetivos y resultados individualizados.

Cuestionan rapidez del proceso

Otro de los aspectos que ha generado inquietud entre los fiscales es la rapidez con que se desarrollaron las últimas etapas del concurso, convocado el 22 de junio de 2026.

Uno de los magistrados explicó que esperaba conocer los resultados de las evaluaciones antes de que comenzaran las entrevistas ante el Consejo Superior, pero aseguró que recibió la notificación de exclusión cuando ya se estaba convocando a los participantes que continuarían en el proceso.